La primera ofensiva del Ministerio Público (MP) de Gabriel García Luna contra dos de los exfiscales más controvertidos de la administración de Consuelo Porras encontró un obstáculo en los tribunales. Fuentes del Organismo Judicial confirmaron a La Hora que la jueza de Diligencias Urgentes, María Benilda Sandoval Valdez, rechazó las órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, ambos exjefes de sección y figuras clave en investigaciones que durante años fueron señaladas por organizaciones nacionales e internacionales como instrumentos de persecución contra operadores de justicia, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
La resolución representa el primer revés del sistema de justicia para la nueva administración del MP en su intento por investigar a dos de los funcionarios que encabezaron algunos de los casos más polémicos de la gestión de Porras. La Fiscalía, según las fuentes judiciales, argumentó ante el juzgado que existía peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la averiguación de la verdad, al considerar que ambos exfiscales podrían conservar influencia sobre personal de la institución debido a los cargos que ocuparon durante varios años.
Pese a negar las órdenes de captura, Sandoval sí autorizó parte de las diligencias solicitadas por el Ministerio Público. Entre ellas, un allanamiento relacionado con la investigación y la citación de Curruchiche a una primera declaración.
Mientras que en el caso impulsado contra Sánchez negó la orden de captura. Hasta ahora se desconocen los hechos por los que la Fiscalía buscaba capturarlo. El caso de Curruchiche y el de Sánchez son por hechos distintos, informaron fuentes judiciales.
JUEZ SANCIONADO PROTEGE A FISCAL SANCIONADO
Pese a lo resuelto por la jueza, las diligencias no prosperaron contra Curruchiche. El juez Fredy Orellana, quien funge como contralor del caso, revocó posteriormente tanto la autorización para el allanamiento como la citación a primera declaración, dejando sin efecto las medidas que la jueza había considerado procedentes. De esa forma, la investigación quedó sin las principales actuaciones que el MP pretendía ejecutar en esta primera fase.
Las tres fuentes consultadas indicaron que la decisión fue recibida con preocupación dentro de la investigación, al considerar que podría comprometer el desarrollo de las pesquisas y abrir la posibilidad de que los exfuncionarios evadan la acción de la justicia.
La intervención de Orellana añade un componente político y judicial al caso. El juez fue uno de los principales contralores de las investigaciones impulsadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) durante la gestión de Curruchiche y respaldó de manera reiterada las solicitudes planteadas por esa fiscalía, especialmente en el caso del 2023 que buscaba impactar el resultado de las elecciones del 2023.
La intervención de Orellana añade un elemento simbólico al caso. El juez, sancionado por 44 países —entre ellos EE. UU.— por acciones consideradas contrarias al Estado de derecho durante el caso Semilla, dejó sin efecto las diligencias promovidas por el MP contra Curruchiche, también sancionado internacionalmente por su actuación al frente de la FECI.
Fuentes con conocimiento del expediente indicaron que, en el caso de Curruchiche, la investigación está relacionada con la divulgación de información reservada a través de un video difundido en sus redes sociales cuando dirigía la FECI.
En esa grabación hizo referencia a la Unidad de Métodos Especiales (UME) del MP, una dependencia especializada que presta apoyo a las investigaciones penales mediante la interceptación legal de comunicaciones, la localización de personas en riesgo y el monitoreo de llamadas vinculadas con actividades delictivas.
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De acuerdo con las fuentes, la pesquisa busca establecer si la divulgación de información sobre esa unidad vulneró la reserva que protege sus operaciones.
Durante su gestión al frente de la FECI, Curruchiche utilizó de forma recurrente sus redes sociales para divulgar avances de investigaciones y posicionar públicamente los casos que dirigía, una práctica que fue cuestionada por diversos sectores al considerar que trasladaba expedientes penales al debate político antes de que existieran resoluciones judiciales firmes.
DOS ALIADOS DE PORRAS
La investigación alcanza a dos fiscales que concentraron buena parte del poder dentro del Ministerio Público durante la administración de Consuelo Porras.
Curruchiche dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una unidad que dejó de concentrar sus esfuerzos en grandes casos de corrupción y pasó a impulsar investigaciones contra exfiscales anticorrupción, jueces independientes, periodistas, autoridades electorales, dirigentes indígenas, entre otros.
Uno de los episodios más cuestionados de su gestión fue el denominado caso Semilla, mediante el cual la FECI promovió acciones penales contra el partido del hoy presidente Bernardo Arévalo, incluso después de celebradas las elecciones generales de 2023.
Las actuaciones fueron consideradas por organismos nacionales e internacionales como parte de un intento por desconocer los resultados electorales, mientras que las acusaciones sobre un supuesto fraude nunca fueron acreditadas por la Fiscalía.
Ángel Saúl Sánchez Molina también ocupó una jefatura de sección dentro del Ministerio Público y dirigió investigaciones de alto impacto político, entre ellas el caso relacionado con la toma de la Universidad de San Carlos (Usac), un proceso ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos y sectores académicos, que denunciaron la criminalización de estudiantes y autoridades universitarias que rechazaban la elección de Walter Mazariegos como rector.
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EL GIRO DEL NUEVO MP
Las solicitudes de captura forman parte del cambio de rumbo impulsado por el fiscal general García Luna desde su llegada al cargo.
El mismo día en que asumió la dirección del Ministerio Público, García Luna ordenó la liquidación de la FECI que encabezaba Curruchiche, una decisión con la que puso fin a una estructura que durante los últimos años acumuló fuertes cuestionamientos por utilizar el sistema penal contra quienes investigaban o denunciaban redes de corrupción, mientras algunos de los principales casos de corrupción permanecían sin avances significativos.
Desde entonces, la nueva administración ha anunciado la revisión de investigaciones desarrolladas durante la gestión anterior y el inicio de pesquisas para determinar posibles responsabilidades penales de antiguos funcionarios.
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La negativa inicial a autorizar las capturas y la posterior revocatoria de las demás diligencias por parte del juez Orellana representan, hasta ahora, el primer gran obstáculo judicial para esa estrategia y mantienen en libertad a dos de los exfiscales que simbolizaron la etapa más controvertida del Ministerio Público bajo la dirección de Porras.
La resolución no pone fin a las investigaciones. El MP aún puede continuar con el proceso penal y promover los recursos que la ley contempla para intentar revertir las decisiones judiciales.
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