En su premiado ensayo El infinito en un junco, Irene Vallejo Moreu nos lleva coloquialmente a conocer la historia desde la invención del libro, el trascendental paso de la oralidad a los registros escritos. De manera amena, se remonta a las raíces de muchas palabras y nos ilustra de las múltiples vicisitudes padecidas por los pergaminos, el uso de pieles para la reproducción de ejemplar uno a uno, la quema de bibliotecas, hasta el prodigio de la imprenta y el placer de la lectura con su aroma al papel encuadernado y la tinta desbordante de ideas, universos y mundos a los que nos transporta la lectura.
Valga la acotación anterior para intentar llevar al apreciado lector a intentar usar ese brillante estilo de ella, y transportarle a la definición de dos de las cuatro palabras del título de esta columna y luego a describir el peligro acechante para el futuro inmediato de nuestra sociedad. Vulgar es una palabra de origen latín cuyo significado simple es: perteneciente o relativo a lo común y popular de la gente. Pero también se emplea para señalar de algo o alguien: chabacano, grosero, tosco, inculto o pedestre.
En tanto la palabra academia y su origen nos lleva a la Grecia antigua y a la instauración efectuada por el filósofo Platón de sus enseñanzas en los jardines adyacentes al recinto en honor del mitológico héroe Academo. Fue en el medioevo cuando el término alcanzó un uso para señalar la especialización del conocimiento con principios y valores, es decir un conocimiento superior. Actualmente, en estas latitudes se han llegado a considerar sinónimos a los términos academia y universidad.
En Guatemala, por disposición constitucional existe una única universidad estatal. La Universidad de San Carlos. Es decir, autoridades, docentes y personal administrativo son servidores públicos. Por lo tanto, les son aplicables los artículos 154, 155 y 156 también de la Constitución Política de la República.
En su orden: «154. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. 155. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. 156. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito».
De manera chabacana, grosera y tosca el supuesto rector reelecto de la San Carlos, señor Walter Ramiro Mazariegos Biolis y sus esbirros emprendieron acciones propias de un régimen oscurantista, infundiendo pánico, temor y represalias inadmisibles en cualquier tipo de comunidad civilizada y más aún dentro de una comunidad educativa como la universitaria.
Si se tolera la vulgarización académica llevada a la práctica hasta ahora, uno de los pasos siguientes con impacto en la institucionalidad pública en general, trastocará e impondrá «autoridades»; dejando un simulacro de elecciones y negando en esencia la democracia misma. Tal es la naturaleza de lo emprendido a la fecha. Tal el acechante peligro vislumbrado desde ya.
Los defensores y protectores de Mazariegos Biolis y «su» Consejo Superior Universitario, así como otras autoridades superiores de dicha casa de estudios, no están protegidos al amparo de la autonomía universitaria, están cobijados en redes de arbitrariedades, corrupción e impunidad. Es clara la existencia de un «efecto dominó» y por ello esos defensores también se defienden y salvaguardan a sí mismos. Pero no son superiores a las leyes.
En manos, como desde 2022, del Ministerio Público, está la búsqueda de romper esas estructuras que atrofian la enseñanza superior, vulgarizan además de la academia a toda la institucionalidad pública. Los más recientes actos cometidos por esas personas con Mazariegos Biolis a la cabeza son hechos además de denunciados debidamente documentados. Esperar más no hará sino complicar aún más el restablecimiento del verdadero orden y del auténtico Estado de Derecho tan atrofiado desde hace mucho tiempo, pero con mayor énfasis en la última década.
