La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso emitió dictamen favorable a las iniciativas de ley 6493 y 6719, que proponen modificaciones al Código Procesal Penal para reforzar el carácter excepcional de la prisión preventiva, ampliar el uso de medidas sustitutivas y establecer mayores controles sobre el avance de las investigaciones del Ministerio Público (MP).
Uno de los principales cambios planteados consiste en elevar el estándar que deberá cumplir la Fiscalía para solicitar y mantener a una persona en prisión preventiva durante un proceso penal.
La propuesta parte del principio de que la prisión preventiva no debe utilizarse como una pena anticipada, sino únicamente cuando resulte indispensable para garantizar el desarrollo del proceso.
En ese sentido, el dictamen establece que el juez deberá valorar si existen medidas menos restrictivas que permitan controlar los riesgos procesales antes de ordenar la privación de libertad del acusado.
Entre esas alternativas figura el monitoreo telemático mediante brazaletes o tobilleras electrónicos, además de otras medidas cautelares previstas en la legislación. De aprobarse la reforma, el Ministerio Público tendría que presentar una justificación más robusta para obtener una prisión preventiva.
La Fiscalía deberá acreditar, con elementos específicos del caso, que existen riesgos reales de fuga, de obstaculización de la investigación, de influencia sobre testigos o de afectación a la víctima, y demostrar que esos riesgos no pueden ser mitigados mediante medidas sustitutivas.
Con ello, la decisión judicial dejaría de apoyarse principalmente en la naturaleza del delito imputado y pasaría a fundamentarse en un análisis individualizado de las circunstancias de cada proceso.
La iniciativa establece que, transcurridos determinados plazos, el juez deberá requerir al Ministerio Público información sobre el estado de la investigación y las diligencias realizadas para justificar la continuidad de la medida cautelar.
Si la Fiscalía no demuestra avances o mantiene una inactividad injustificada, el órgano jurisdiccional podrá poner esa situación en conocimiento de las autoridades competentes del MP para que evalúen la adopción de medidas administrativas o disciplinarias.
Unidad de Control Telemático ha colocado más de 400 brazaletes, algunos con exoneración de pago
GOBERNACIÓN YA BUSCABA LA REFORMA
De forma paralela a la discusión en el Congreso, el Ministerio de Gobernación (Mingob) prepara una iniciativa para reformar el artículo 264 del Código Procesal Penal y fortalecer el uso del control telemático como medida sustitutiva de la prisión preventiva.
El ministro Marco Antonio Villeda afirmó que el sistema de brazaletes electrónicos está “subestimado y subutilizado”. Indicó que tiene capacidad para monitorear hasta 3 mil personas, aunque actualmente solo alrededor de 400 utilizan este mecanismo.
Según el funcionario, ampliar su aplicación permitiría reducir el hacinamiento en las cárceles, que actualmente albergan a más de 24 mil privados de libertad, pese a haber sido diseñadas para unos 7 mil. La iniciativa será presentada en las próximas semanas ante la Comisión de Gobernación del Congreso.
