El nuevo jefe del Ministerio Público dejó sin efecto las reubicaciones ordenadas en los últimos días de la gestión anterior contra los fiscales Marco Antonio Cortéz Sis y Francisco Eliseo Quiñónez, quienes habían criticado la pérdida de efectividad de la institución durante sus entrevistas ante la Comisión de Postulación.
Dos meses después de asumir la jefatura del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna continúa desmantelando decisiones adoptadas durante la administración de Consuelo Porras. A la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la destitución de fiscales cuestionados y la reestructuración de varias fiscalías estratégicas, ahora se suma la revocatoria de los traslados de dos fiscales de carrera que denunciaron haber sido objeto de represalias tras cuestionar públicamente la gestión de la exfiscal general mientras competían por dirigir la institución.
García Luna dejó sin efecto los traslados de Marco Antonio Cortéz Sis y Francisco Eliseo Quiñónez Villagrán, dos agentes fiscales que participaron como candidatos en el proceso de elección de Fiscal General de 2026 y que, durante sus comparecencias ante la Comisión de Postulación, expusieron un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del MP bajo la administración de Porras, sancionada por 44 países por sus acciones corruptas y antidemocráticas.
Ambos sostuvieron entonces que la institución había perdido efectividad en la persecución penal, cuestionaron el modelo de evaluación interna y señalaron que las prioridades del ente investigador se habían desviado de su mandato constitucional. Días después de esas intervenciones públicas fueron trasladados a sedes alejadas de la capital, una decisión que calificaron como un castigo por haber expresado esas críticas.
Las reubicaciones fueron ordenadas el 28 de abril por Dimas Jiménez, quien ese día fungía como fiscal general en funciones durante una ausencia temporal de Porras. La decisión llegó cuando la Comisión de Postulación ya había dejado fuera a la entonces fiscal general de la nómina de aspirantes para un nuevo período y mientras la administración saliente realizaba una serie de movimientos internos que incluyeron nombramientos, traslados y cambios en distintas dependencias del MP.
EL CASTIGO DE PORRAS
Cortéz Sis, con más de dos décadas de carrera en la institución, fue enviado a la fiscalía de Río Bravo, Suchitepéquez. Quiñóñez fue trasladado a Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, a cientos de kilómetros de la sede donde ambos desempeñaban sus funciones.
El primero había advertido ante la Comisión de Postulación que el Ministerio Público había pasado de niveles de efectividad cercanos al 70% en administraciones anteriores a porcentajes que, según su evaluación, rondaban entre el 35% y el 40%. También cuestionó el modelo de Gestión Integral de Casos (GIC) implementado durante la administración de Porras y sostuvo que la institución había dejado de cumplir adecuadamente con su función constitucional de dirigir la persecución penal.
Quiñónez, por su parte, criticó que los auxiliares fiscales se hubieran convertido en «digitadores de información» para mejorar indicadores internos vinculados a certificaciones de calidad y cuestionó la realización de allanamientos sin resultados concretos, además de advertir que archivar expedientes no podía convertirse en un mecanismo para mejorar las evaluaciones de desempeño.
Pero las reubicaciones no fueron las únicas medidas que denunciaron los fiscales durante el proceso de elección de Fiscal General. Cortéz Sis aseguró que, después de presentar su candidatura, su vivienda en Mixco fue allanada en un operativo que, según le informaron posteriormente, obedeció a un error y en el que no se encontró ningún indicio en su contra. Para el agente fiscal, el procedimiento marcó el inicio de una serie de acciones que interpretó como represalias por haber cuestionado públicamente la gestión de Porras.
Quiñóñez también sostuvo que, antes de ser trasladado, enfrentó presiones dentro de la institución. Relató que funcionarios de la administración saliente retiraron las llaves de la sede fiscal donde laboraba y que recibía constantes advertencias sobre posibles procedimientos administrativos, acciones que, a su juicio, buscaban intimidarlo tras las críticas formuladas durante la Comisión de Postulación.
Ambos interpretaron sus traslados como una represalia por esas declaraciones.
REVOCA TRASLADOS
«El nuevo fiscal, doctor García, revocó el traslado del que fui objeto por la administración de Consuelo Porras», confirmó Cortéz Sis a La Hora. El fiscal explicó que la decisión fue adoptada el 29 de mayo y que fue restituido a la Fiscalía de Distrito Metropolitana, conservando el mismo puesto y salario «en respeto a la carrera fiscal».
Quiñóñez también confirmó que la medida fue revertida. Según indicó, la revocatoria fue notificada el pasado 9 de julio, con lo que quedó sin efecto el traslado que había denunciado desde finales de abril.
La decisión representa un nuevo contraste entre la administración de García Luna y la de su antecesora. Desde que asumió el cargo el 17 de mayo, el nuevo fiscal general ha impulsado una reconfiguración de la estructura del Ministerio Público que ha reducido la influencia del círculo más cercano a Porras.
Su primera medida fue anunciar la liquidación de la FECI que dirigía Rafael Curruchiche, una unidad señalada por distintos organismos internacionales de haber sido utilizada para impulsar procesos contra operadores de justicia, periodistas y actores vinculados a casos de corrupción.
Días después destituyó a Curruchiche y posteriormente realizó cambios en fiscalías regionales y de sección, además de aceptar las renuncias de funcionarios que integraban el núcleo de confianza de la administración anterior, entre ellos el ex secretario general Ángel Pineda y Dimas Jiménez y Jiménez, quien había firmado los traslados ahora revocados.
La restitución de Cortéz Sis y Quiñóñez se suma así a las decisiones con las que García Luna ha comenzado a revertir medidas adoptadas en la recta final del mandato de Porras, una etapa que estuvo marcada por denuncias de traslados, destituciones y movimientos internos que varios trabajadores del MP interpretaron como represalias contra quienes cuestionaron la conducción de la institución o se apartaron del continuismo impulsado por la entonces fiscal general.
