La Corte de Constitucionalidad (CC) llegó a tener listo un proyecto de amparo que proponía otorgar un amparo provisional al diputado José Chic para obligar al Congreso a verificar si dos universidades privadas cumplían con los requisitos constitucionales para participar en la integración de la Comisión de Postulación que elegirá al próximo Contralor General de Cuentas.
Sin embargo, la propuesta nunca fue discutida. La Hora confirmó que el expediente fue retirado de la agenda del pleno en dos ocasiones: primero por la magistrada Julia Rivera y, un día después, por el magistrado Roberto Molina Barreto.
La resolución había sido elaborada por la Secretaría General de la Corte tras recibir el informe circunstanciado del Congreso, requisito procesal previo para que el pleno resolviera la solicitud de amparo provisional.
Aunque el proyecto ya existía, ello no significaba que la protección constitucional estuviera concedida: en la dinámica interna de la CC, la ponencia constituye una propuesta jurídica que debe ser sometida a discusión y votación de los cinco magistrados titulares. Solo si obtiene mayoría se convierte en resolución; si el pleno la rechaza, puede ordenarse la elaboración de un nuevo proyecto con un sentido distinto.
RIVERA Y MOLINA BARRETO FRENAN CONOCER AMPARO
La relevancia del caso radica en que esa deliberación nunca ocurrió. El expediente fue incluido para conocimiento de los magistrados titulares Anabella Morfín, Astrid Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, pero salió de la agenda antes de ser discutido.
Según la información confirmada por este medio, Rivera retiró el amparo de la agenda de la CC el 13 de julio y, tras ser incorporado nuevamente, Molina Barreto volvió a retirarlo el 14 de julio.
Consultado por La Hora, Molina Barreto indicó: «muchas dudas no resueltas por la ponente que es la Presidente pero la Presidente no lo volvió a agendar, lo pudo y debió hacer para el mismo día más tarde o para hoy pero no lo hizo».
El proyecto del amparo no buscaba suspender el proceso para integrar la Comisión de Postulación ni impedir la elección del presidente de ese órgano, sino ordenar al Congreso que, antes de admitir el voto de la Universidad Americana y de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, verificara que ambas desarrollan efectivamente actividades académicas, cuentan con estudiantes, docentes y programas de enseñanza, y, por tanto, cumplen con la condición constitucional de ser universidades activas.
Amparo busca excluir a dos universidades de la postuladora para elegir al próximo Contralor General
Para ello facultaba al Congreso a requerir información al Consejo de la Enseñanza Privada Superior y a otras instituciones.
La ponencia sostenía que existían elementos suficientes para conceder el amparo provisional debido a la inminencia del acto reclamado —la sesión convocada para el 15 de julio— y advertía que permitir la participación de entidades que eventualmente no reunieran esas condiciones podría desnaturalizar el diseño constitucional de las comisiones de postulación.
Incluso señalaba que la tutela provisional no pretendía retrasar la elección del Contralor, sino prevenir un eventual «fraude constitucional» mientras se resolvía el fondo del asunto.
El retiro del expediente adquiere especial relevancia por los tiempos del proceso. Si la Corte no resuelve el amparo provisional antes de que esos actos se consumen, la medida cautelar podría perder su finalidad práctica, al quedar sin materia el reclamo preventivo planteado por el diputado Chic.
EL VOTO DE AMERICANA FUE PARA
El Foro de Rectores eligió a su representante para la Comisión Postuladora en el proceso de elección de Contralor y según la información 13 de los 17 rectores designaron por unanimidad a Miquel Cortés Bofill de la Universidad Rafael Landivar, en el Salón Mayor del Congreso de la República.
No obstante el amparo de Chic, la Universidad Americana también votó a favor del rector de la Landivar.
En tanto, los cuatro rectores ausentes fueron:
Walter Mazariegos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac)
Ricardo Castillo Arenales, de la Universidad Francisco Marroquín
José Eduardo Suger Cofiño, de la Universidad Galileo
Erbin Fernando Osorio, de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo
CHIC ADVIRTIÓ SOBRE RIVERA Y MOLINA BARRETO
El amparo fue presentado por Chic el 8 de julio. Tres días después el Congreso remitió el informe circunstanciado y el expediente quedó listo para que la Corte resolviera.
Al advertir que la solicitud seguía sin conocerse, el diputado presentó un escrito de reiteración en el que pidió que el tribunal decidiera antes de la sesión del 15 de julio, al considerar que una resolución posterior volvería inútil la protección cautelar, pues el acto reclamado ya se habría consumado.
En ese memorial recordó que, en anteriores procesos relacionados con la Universidad de San Carlos, los magistrados Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera habían sostenido que este tipo de acciones debían resolverse con urgencia para evitar que la justicia constitucional llegara demasiado tarde.
La decisión de retirar dos veces el expediente también adquiere una dimensión política. Rivera, Molina Barreto y Ochoa han conformado en los últimos meses un bloque que ha votado de forma coincidente en varias resoluciones de alto impacto dentro de la Corte de Constitucionalidad.
Molina Barreto, Rivera y Ochoa se lavan las manos y envían a una sala el fraude de Walter Mazariegos
En esta ocasión, dos de esos tres magistrados evitaron que el pleno discutiera una ponencia que proponía conceder una protección provisional antes de que se instalara la Comisión de Postulación para la elección del próximo Contralor General de Cuentas.
