El Ministerio de Gobernación (Mingob) prepara una iniciativa de ley para modificar el artículo 264 del Código Procesal Penal y fortalecer el uso del control telemático como medida sustitutiva a la prisión preventiva, una medida que, según el ministro Marco Villeda, es «subestimada y subutilizada», pese a que podría funcionar para reducir el hacinamiento en las cárceles del país.
Durante una entrevista concedida a La Hora, el funcionario explicó que la propuesta ya se encuentra en su fase final y será presentada en las próximas semanas ante la Comisión de Gobernación del Congreso.
«Nosotros estamos próximos a presentar una iniciativa de ley para modificar el artículo 264 del Código Procesal Penal y que se contemple el control telemático como una medida sustitutiva», afirmó.
Villeda sostuvo que esta medida permitiría que un mayor número de personas enfrenten su proceso penal bajo vigilancia electrónica cuando un juez determine que no representan un riesgo de fuga ni de obstaculización para la investigación.
De esta manera, se reservarían los espacios en prisión para quienes realmente deban permanecer privados de libertad.
El ministro considera que el país no ha aprovechado una herramienta que ya posee. «Tenemos un control telemático muy subestimado y muy subutilizado», aseguró.
Explicó que el sistema tiene capacidad para monitorear a unas 3 mil personas de forma simultánea; sin embargo, actualmente únicamente controla alrededor de 400.
Añadió que cuando asumió la cartera, esa cifra rondaba las 200 personas, por lo que el uso del sistema se ha duplicado, aunque continúa muy por debajo de su capacidad instalada.
Según Villeda, una implementación más amplia del control telemático podría reducir la presión que el Sistema Penitenciario (SP) enfrenta sin poner en riesgo la vigilancia judicial de los procesados.
LA REFORMA PARA IMPULSAR SU USO
El planteamiento del ministro surge en un momento en que el SP continúa enfrentando un grave problema de sobrepoblación, pues durante la entrevista, Villeda recordó que las cárceles fueron diseñadas para albergar aproximadamente a 7 mil privados de libertad.
Actualmente alojan a más de 24 mil personas, una cifra que representa un nivel de ocupación superior al 340 por ciento.
Este dato coincide con el reciente censo penitenciario que finalizó en febrero de este año. De acuerdo con información del SP, el registro biométrico permitió identificar a más de 24 mil privados de libertad en los distintos centros de detención del país.
«Si nosotros utilizáramos adecuadamente el control telemático, podríamos evitar que por lo menos 3 mil personas ingresaran a las cárceles», afirmó.
En ese sentido, el funcionario explicó que el problema no está únicamente en la disponibilidad de los dispositivos electrónicos, sino también en el marco jurídico vigente.
Actualmente, el artículo 264 del Código Procesal Penal establece que un juez puede sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas cuando el peligro de fuga o de obstaculización de la investigación pueda evitarse razonablemente mediante otras restricciones.
Entre ellas están el arresto domiciliario, la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad, la prohibición de salir del país, restricciones de comunicación o una caución económica, entre otras.
Fue mediante el artículo 18 del Decreto 49-2016 del Congreso de la República que ese artículo incorporó la posibilidad de que el juez «pueda auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático» para garantizar el cumplimiento de las medidas sustitutivas ya impuestas.
Sin embargo, Villeda considera que esa regulación ha resultado insuficiente para incentivar su aplicación práctica.
A su juicio, el control telemático continúa viéndose como un mecanismo accesorio y no como una herramienta que pueda utilizarse con mayor frecuencia dentro del sistema de justicia.
La propuesta también contribuiría a optimizar los recursos del Sistema Penitenciario, explicó Villeda, y concentraría sus capacidades y personal de custodia en las personas que realmente requieren permanecer recluidas.
