El Organismo Judicial contrató una plataforma para analizar expedientes y elaborar proyectos de sentencias de casación. Mientras la Corte Suprema asegura que la decisión seguirá siendo exclusiva de los magistrados, evita responder preguntas sobre cómo funcionará la herramienta, si existe la seguridad suficiente para garantizar los casos y evade dar los nombres de los magistrados que la utilizan.
Durante décadas, los recursos de casación han sido el último filtro jurídico antes de que una sentencia quede firme. En esa instancia, la Corte Suprema de Justicia revisa si los magistrados de apelaciones aplicaron correctamente la ley o si cometieron errores que justifican corregir una decisión judicial.
Es una fase extraordinaria, técnica y, para la mayoría de los ciudadanos, casi invisible hasta que llegan a usar ese recurso. Allí pueden definirse condenas por delitos, conflictos patrimoniales, disputas administrativas o procesos mercantiles que afectan directamente la vida de cualquier ciudadano.
Ahora, esa revisión comenzará a convivir con la inteligencia artificial.
El Organismo Judicial, presidido por la magistrada Claudia Paredes, adjudicó un contrato por Q89 mil 570 para contratar una plataforma tecnológica capaz de analizar expedientes y elaborar proyectos estructurados de sentencias de casación, documentos que posteriormente serán sometidos al análisis y votación de dos cámaras de la Corte Suprema de Justicia.
La incorporación de esta tecnología coloca al país entre los sistemas judiciales que empiezan a utilizar herramientas de inteligencia artificial en una de las funciones más delicadas de la administración de justicia. La institución sostiene que la decisión final continuará siendo exclusivamente humana. Pero mientras el uso de la inteligencia artificial gana espacio dentro de la Corte Suprema, persisten preguntas sobre la forma en que operará, los controles que existirán y el nivel de transparencia con el que será utilizada.
MUCHO MÁS QUE UN BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA
Los documentos de contratación muestran que la herramienta va más allá de un sistema de consulta documental.
El concurso público fue denominado «Servicio de plataforma tecnológica para el análisis y proyección de fallas de casación, incluyendo soporte técnico y capacidad de procesamiento».
Su finalidad, según los términos de referencia elaborados por la Gerencia de Informática del Organismo Judicial, consiste en modernizar y acelerar el análisis de expedientes judiciales mediante una plataforma capaz de extraer, estructurar y organizar la información contenida en sentencias de casación.
El apartado técnico describe una de las funciones más sensibles del servicio: apoyar la elaboración de borradores estructurados de la sentencia final de casación, organizando antecedentes, criterios jurídicos y elementos relevantes conforme a los lineamientos definidos por el propio Organismo Judicial.
La plataforma también deberá integrarse con los sistemas institucionales del Organismo Judicial y tendrá capacidad para analizar hasta 350 expedientes de casación durante los tres meses de vigencia del contrato. La empresa adjudicataria estará obligada a firmar acuerdos de confidencialidad debido al acceso que tendrá a expedientes judiciales e información institucional reservada.
Los documentos también establecen que toda la información y configuraciones desarrolladas durante el servicio pasarán a ser propiedad exclusiva del Organismo Judicial.
LAS RESPUESTAS QUE LA CORTE NO QUISO DAR
La Hora consultó al Organismo Judicial sobre el alcance de esta nueva herramienta.
Las preguntas buscaban conocer cuántos recursos de casación ingresan anualmente a la Corte Suprema de Justicia, cuánto tarda en promedio resolverlos, qué magistrados utilizarán la plataforma, si las partes procesales serán informadas cuando una sentencia haya sido elaborada con apoyo de inteligencia artificial y si esa circunstancia quedará consignada dentro del expediente o de la resolución.
La institución tampoco respondió si ya existen proyectos de sentencia elaborados mediante esta tecnología ni quién asumiría la responsabilidad en caso de que la plataforma incorporara errores de hecho, de derecho o referencias jurisprudenciales inexistentes.
La respuesta oficial fue parcial.
El Organismo Judicial indicó que la información estadística debía solicitarse mediante la Ley de Acceso a la Información Pública y únicamente confirmó que las casaciones son conocidas por la Cámara Penal y la Cámara Civil, y excepcionalmente por la Cámara de Amparo y Antejuicio.
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Respecto del uso de inteligencia artificial, sostuvo que la materia se encuentra regulada por el Acuerdo de Presidencia 93-2026, el cual establece que la función jurisdiccional es personal e indelegable y que la valoración de la prueba, el análisis jurídico y la decisión final corresponden exclusivamente a jueces y magistrados.
«La herramienta tiene un carácter auxiliar y no puede sustituir el criterio judicial ni generar resoluciones de forma automática. Su utilización es discrecional y no obligatoria», indicó la institución.
La respuesta, sin embargo, dejó sin resolver los aspectos prácticos de la implementación. El Organismo Judicial no explicó cómo verificará que la inteligencia artificial no incorpore jurisprudencia inexistente, si existirá algún mecanismo de auditoría sobre los borradores generados o si los abogados e interponentes conocerán cuándo una resolución fue elaborada con apoyo tecnológico.
UNA EMPRESA QUE SIGUE ACUMULANDO CONTRATOS
La adjudicación tampoco representa un hecho aislado.
La empresa favorecida, BDG Sociedad Anónima, ya había obtenido durante 2025 tres contratos relacionados con herramientas de inteligencia artificial dentro del Organismo Judicial, adquisiciones que fueron documentadas por La Hora.
En 2026 su presencia dentro de la institución se amplió.
Además del contrato para la plataforma de análisis de casaciones, la compañía registra otras siete adjudicaciones otorgadas por el Organismo Judicial, todas entre febrero y junio de este año y por montos cercanos a los Q90 mil.
La secuencia muestra que el Organismo Judicial continúa ampliando la contratación de soluciones tecnológicas vinculadas con procesamiento documental e inteligencia artificial, aunque la institución no ha explicado públicamente cómo se relacionan entre sí estos proyectos ni cuál es la estrategia integral detrás de estas adquisiciones.
Se intentó comunicación con la empresa BDG, pero no se obtuvo comunicación. Una operadora atendió y dijo que referiría con un agente, pero «no pudo conectar la llamada».
LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA CORREGIR LA SENTENCIA
Para el abogado constitucionalista Luis Fernando Paiz, el debate alrededor de la inteligencia artificial solo puede entenderse si antes se comprende la importancia de la casación.
Explica que este recurso extraordinario constituye el último mecanismo que tiene el sistema judicial para revisar si una sentencia emitida por una Sala de Apelaciones incurrió en errores de forma o de fondo que alteraron la correcta aplicación de la ley.
«No aplica para cualquier resolución ni para cualquier proceso. Es un recurso altamente técnico que exige un conocimiento integral del expediente y de la normativa aplicable», explica.
Aunque suele percibirse como una discusión reservada a abogados, Paiz sostiene que sus efectos alcanzan directamente a la ciudadanía.
«Es un recurso que impacta potencialmente en toda la población. Desde un juicio ordinario de daños y perjuicios en lo civil hasta el proceso penal en donde se condena a una persona pueden tener elementos, de forma o de fondo, que hayan llevado a una valoración errónea para tomar alguna decisión y este recurso extraordinario se convierte en la última oportunidad», destaca.
Esa dimensión, añade, explica por qué la discusión sobre inteligencia artificial no puede reducirse únicamente a una innovación tecnológica.
LA TECNOLOGÍA NECESITA REGLAS
Paiz considera inevitable que la inteligencia artificial llegue a los tribunales. «Está llegando a todas las áreas de la vida y el sistema judicial no será la excepción. Incluso es algo necesario para hacer más eficiente la gestión de tribunales y que los jueces y magistrados también deben de aprender a utilizar», afirma.
Pero advierte que el verdadero desafío comienza después de adquirir la herramienta. A su juicio, la Corte Suprema debe explicar públicamente qué plataforma utiliza, con qué información fue entrenada, cuáles son sus parámetros de funcionamiento, para qué tareas específicas podrá emplearse y qué controles existirán para evitar errores.
«Estas decisiones no pueden tomarse a la ligera. Tienen que implementarse bajo protocolos estrictos porque están directamente relacionadas con la certeza jurídica y con el acceso a la justicia.»
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El abogado considera que una utilización inadecuada de la inteligencia artificial podría terminar produciendo el efecto contrario al que persigue la modernización institucional. «Si estas herramientas se usan incorrectamente pueden seguir minando la confianza en las cortes y resultar contraproducentes.»
CIBERSEGURIDAD OBLIGADA
El debate sobre la inteligencia artificial no se limita a la elaboración de proyectos de sentencia. Para Estuardo Alegría, especialista en ciberseguridad de SISAP, la principal interrogante es qué ocurrirá con la información judicial que alimentará la plataforma.
«Las dos preguntas más importantes son qué modelo de inteligencia artificial se está utilizando y dónde quedará la información», afirma. Explica que estos sistemas aprenden a partir de los datos que reciben, por lo que resulta clave conocer si los expedientes serán almacenados en Guatemala o en servidores ubicados en otros países, bajo qué legislación quedarán protegidos y qué ocurrirá con ellos una vez concluya el contrato.
El experto también plantea dudas sobre el destino de esa información una vez concluya el contrato. «¿Los datos serán eliminados de forma segura o pasarán a formar parte del entrenamiento del modelo para otros usuarios?», cuestiona.
Alegría sostiene que la adquisición de una herramienta de inteligencia artificial debe ir acompañada de una estrategia de gestión de riesgos. Según una regla utilizada en la industria, explica, cerca del 30% de la inversión en estos proyectos debería destinarse a evaluar la ciberseguridad, la protección de los datos, la infraestructura y las posibles vulnerabilidades del sistema, mientras el resto corresponde al desarrollo y operación de la herramienta.
El experto añade que tampoco es lo mismo utilizar un modelo público, como ChatGPT o Gemini, que una plataforma privada desarrollada específicamente para el Organismo Judicial. «En ambos casos hay que auditar al proveedor y la infraestructura para saber quién tiene acceso a la información y cómo se protege», concluye.
LA FRONTERA QUE AÚN DEBE DEFINIRSE
La respuesta oficial del Organismo Judicial insiste en que la inteligencia artificial no sustituirá a los magistrados.
Sin embargo, los términos de referencia establecen expresamente que la plataforma apoyará la elaboración de proyectos estructurados de sentencias, precisamente el documento que posteriormente servirá de base para la deliberación de las cámaras de casación.
Esa circunstancia abre una discusión que comienza a extenderse en distintos poderes judiciales del mundo: dónde termina la asistencia tecnológica y dónde empieza la función jurisdiccional.
Para Paiz, esa frontera no puede perderse de vista. «La tecnología es urgente en nuestro sistema de justicia. Pero la tecnología en manos de personas que no saben utilizarla o que la utilizan mal solo acentuará los vicios que ya existen.»
Y concluye con una advertencia. «Espero que jamás lleguemos al extremo de que un magistrado justifique una decisión diciendo que la inteligencia artificial se la sugirió y ese sea su único argumento. Lamentablemente, viendo el estado de nuestro sistema de justicia, tampoco lo veo como un escenario lejano.»
La Corte Suprema guatemalteca ya dio el primer paso para incorporar la inteligencia artificial en uno de los recursos más importantes del sistema. Lo hizo, sin embargo, dejando sin respuesta preguntas fundamentales sobre la forma en que esa tecnología participará en decisiones que pueden modificar la libertad, el patrimonio o los derechos en al menos 350 casos.
