En su columna Contravía de La Hora, Factor Méndez vuelve a poner el dedo en la llaga del enorme problema de la contaminación del agua en Guatemala (“Ministerio de Salud advierte que agua de consumo humano es contaminada”, junio 19, 2026). Lo grave es que quien lo denuncia es el propio Laboratorio Nacional de Salud (LNS) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que confirma que alrededor del 70% de las fuentes de agua presentan contaminación microbiológica y por metales pesados.
Esta realidad no es nueva. La he definido en múltiples columnas y en mi libro La Naturaleza Social del Ciclo del Agua (Editorial Piedrasanta, 2026) como una práctica social retrógrada, producto de la indiferencia sistemática de los 340 concejos municipales. No se trata solo de ausencia de ley: existe normativa que obliga a las municipalidades a construir y operar sistemas de tratamiento de aguas servidas y manejo de desechos sólidos. Pero no lo hacen.
Ante el legítimo reclamo de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, para que las municipalidades cumplan con tratar sus aguas y ordenar su basura, la respuesta ha sido la habitual: atrincherarse detrás de la Corte de Constitucionalidad. Organizados en la ANAM —esa especie de cofradía de alcaldes—, han encontrado protección en la máxima corte del país. La misma Corte que hoy protege al usurpador de la rectoría de la USAC y a su Consejo Superior Universitario convertido en un feudo. Pareciera que la CC fue diseñada no para defender la Constitución, sino para blindar clicas, bandas y corruptos.
Así se viola el derecho humano al agua potable —que en Guatemala es ficción para millones— y se viola el derecho a una educación superior de calidad. Estos grupos se han apoderado de alcaldías, concejos municipales, rectorías y consejos universitarios para llenarse las bolsas, alimentar egos y ejercer un poder politiquero obsceno.
Millones de guatemaltecos consumen agua contaminada por descargas de drenajes sin tratar, agroquímicos y desechos industriales. La contaminación fecal ya es cotidiana, pero lo más insidioso es la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio, plomo y mercurio. Su consumo genera daño renal, enfermedades cardiovasculares y mayor riesgo de cáncer.
Nuestra geología volcánica explica parte del problema: los suelos contienen naturalmente estos elementos. Pero la crisis se agrava por el crecimiento poblacional y la sobreexplotación. Al escasear el agua superficial de calidad, municipalidades y particulares perforan pozos cada vez más profundos. A mayor profundidad, mayor contacto con rocas ricas en contaminantes, y mayor disolución de metales en el agua que llega a los hogares.
No faltan leyes, ni diagnósticos, ni conocimiento técnico. Existe investigación sólida: los trabajos pioneros de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria (ERIS) de la USAC, los proyectos del Centro Universitario de Occidente y las investigaciones en hidrogeología, justicia hídrica y economía del agua que se realizan desde hace décadas. Hay propuestas viables y redes como la Mesa Occidental del Agua, Acción por el Agua y el Global Water Partnership.
Lo que falta es voluntad política. Realmente falta decisión del presidente y la vicepresidenta, ausentes en este tema existencial. Uno se la pasa jugando ajedrez a su modo y la otra en clubes intranscendentales de “ciencia”. Falta un Ministerio de Ambiente con dientes para obligar a los alcaldes a construir, al menos, las 340 plantas de tratamiento, una por cada municipio, aunque algunos municipios requieren no una sino una docena de plantas de tratamiento de agua. Hoy funcionan solo unas pocas y muchas de ellas deficientemente.
¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿A que el 100% de las fuentes estén contaminadas? ¿A que las enfermedades gastrointestinales y crónicas se conviertan en la norma? ¿A seguir viviendo en basureros urbanos y rurales que nosotros mismos hemos construido?
Mi sugerencia ha sido, y es, vuelvo y repito: declarar estado de emergencia hídrica nacional. Esto significa obligar, y apoyar financiera y técnicamente, a las municipalidades a construir plantas de tratamiento con tecnología validada por universidades serias que hacen investigación real —no por las universidades patito que sostienen al usurpador de la rectoría de la USAC—. Las universidades, todas, deben comprometerse con proyectos concretos de desarrollo hídrico. Las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional pueden apoyar, pero no sustituir la responsabilidad estatal.
Mientras no decidamos, como sociedad, cuidar el ciclo social del agua, tratarla, reintegrarla limpia al ambiente y dejar de contaminarla, seguiremos sin agua potable, sin rector legítimo, sin justicia y sin país digno.
No es falta de ley. Es falta de vergüenza, de decencia y de verdadero patriotismo.
