En apenas siete días, el gobierno cubano diseñó, presentó y aprobó el paquete de reformas económicas más amplio que ha conocido la isla en al menos década y media.
El proceso, inusualmente rápido para los estándares del sistema político cubano, culminó el jueves pasado con la ratificación de las medidas por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, después de que el presidente Miguel Díaz-Canel las anunciara y el Comité Central del Partido Comunista —única fuerza política legal en el país— les diera su respaldo.
El mandatario describió el momento como uno de los más críticos que ha enfrentado Cuba en lo que va del siglo, y llamó a una transformación profunda del modelo económico.
Cerró su intervención ante el Parlamento con una consigna que resume el espíritu declarado de la reforma: que el país cambie para sostenerse, mejorar las condiciones de vida de la población y preservar su independencia.
PAQUETE DE 176 MEDIDAS
El plan contempla 176 medidas, varias de ellas de gran calado. No todas son nuevas: un número importante había sido propuesto —y en algunos casos prometido— por las autoridades cubanas desde hace años, sin que llegaran a aplicarse con consistencia.
Otras responden a problemas más recientes, como la severa escasez de combustible que atraviesa el país.
Sector turístico: propone nuevos operadores y modalidades de negocio, un impulso a la inversión extranjera directa —con especial atención a la diáspora cubana— y una ampliación del espacio permitido para la actividad privada.
El paquete también busca dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el mercado inmobiliario, además de otorgar mayor autonomía de gestión a las empresas estatales y a los gobiernos municipales.
Uno de los frentes más sensibles es el monetario: Cuba opera en la actualidad con dos monedas, tres tasas de cambio oficiales y un mercado informal que en la práctica marca los precios reales.
La reforma plantea corregir estas distorsiones, junto con ajustes al sistema tributario y un cambio de enfoque en los subsidios: de la cobertura universal a productos básicos se pasaría a una ayuda focalizada en los sectores más vulnerables.
El primer ministro Manuel Marrero defendió el paquete ante los diputados como un conjunto de «medidas de impacto estratégico», e insistió en que no representan una ruptura con el modelo socialista cubano, sino una condición necesaria para sostenerlo.
Según trascendió, estas reformas no serán las últimas: Díaz-Canel ya conformó un grupo de expertos —que incluye a economistas independientes y críticos del oficialismo— encargado de proponer nuevas medidas en el futuro próximo.
UNA CRISIS QUE NO SE PUEDE OCULTAR
El paquete llega en un momento límite para la economía cubana. Los apagones han alcanzado niveles históricos, con zonas del país que reciben apenas dos horas de electricidad cada tres días, mientras los servicios de salud, educación y abastecimiento básico se deterioran de forma sostenida. Buena parte de esta crisis se explica por el bloqueo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump, que desde hace seis meses ha frenado casi por completo la llegada de crudo y derivados a la isla.
A esto se suma una orden ejecutiva estadounidense que amenaza con sanciones secundarias a empresas extranjeras que mantengan vínculos con el Estado cubano, lo que ha acelerado la salida de compañías hoteleras, navieras, mineras, aéreas y bancarias que operaban en el país. El deterioro acumulado, que se agravó especialmente desde enero, ha generado un fenómeno poco habitual en Cuba: protestas pequeñas pero cada vez más frecuentes, marcadas por cacerolazos y quema de basura en las calles.
SIN PERMISO
Pese a que las reformas coinciden en el tiempo con la ofensiva de presión de Washington, Díaz-Canel rechazó que respondan a esa presión externa. Aseguró que se trata de una decisión soberana, fruto de un «momento de madurez» del país, y remarcó que Cuba no necesita más autorización que la de su propio pueblo para definir los cambios que aplica.
El presidente cubano dejó, sin embargo, una puerta abierta al diálogo: dijo que su gobierno está dispuesto a discutir con Estados Unidos cualquier tema pendiente, y describió la disposición de la isla a una relación «civilizada y respetuosa» que beneficie a ambas partes, aunque advirtió que ese acercamiento se daría sin renunciar a sus posiciones.
Queda por verse si esta vez las medidas se traducirán en cambios reales y sostenidos, algo que no ocurrió con anuncios reformistas similares en la era de Raúl Castro. Por ahora, el gobierno cubano apuesta a que la magnitud y la velocidad del paquete marquen una diferencia frente a la crisis que enfrenta el país.
