La ola contra Walter Mazariegos y su CSU en la USAC ha tomado gran fuerza, haciendo inminente la caída del usurpador de la rectoría y amenazando con arrastrar a cinco de los diez magistrados de la CC. La insostenible defensa de Mazariegos por Molina, Ochoa y Rivera, verdadera aberración jurídica, ha hecho recapacitar sobre la CC. Como funciona hoy, especialmente con relación a la USAC, no tiene ningún sentido y debe ser eliminada de la Constitución.
Se visualizan ya acciones que apuntan a la caída del usurpador, la mayoría por la vía legal, aunque ahora van acompañadas por acciones políticas, que empiezan a calar en los sectores de poder. Aunque el CACIF, que aún se cree dueño y señor del Estado guatemalteco, por delegación de Washington, salió a la defensa del “orden legal” con la aceptación del “mazariegonazo” –golpe de Estado contra la autonomía y la legalidad de la USAC– es evidente que ha disminuido el control de la CC, al punto de que Molina Barreto, que fue líder del grupo dominante para descartar más de una veintena de amparos contra el fraude del CSU, acaba de indicar que se inhibirá de analizar los amparos sobre la USAC aún pendientes y los nuevos que se presenten. Aparte de esta reciente debilidad, en cualquier tribunal del mundo tendría que reconocerse que la magistrada y su suplente nombrados para la CC por el ilegítimo CSU están obligados, legal y éticamente, a no participar en las decisiones que se refieran a dicho órgano y al falso rector. Con una CC imparcial resultaría imposible para Mazariegos mantenerse como usurpador.
Las acciones políticas también muestran ya la organicidad y fortaleza necesarias para inclinar la balanza hacia los sectores honestos. Claustros de profesores, colegios profesionales -incluida la Asamblea de presidentes de los colegios profesionales- y estudiantes de las diez facultades en donde pueden votar han visto pisoteado su derecho a elegir y ser electos, al quitarles validez a sus votos para elegir el Cuerpo Electoral Universitario. Es imposible así que Mazariegos continúe su usurpación. Y nadie en su sano juicio se jugará su futuro político en el país para permitir que las mafias universitarias continúen su asalto a la USAC.
Por mandato, el fiscal general debe investigar lo que ha ocurrido de 2022 a la fecha en la USAC; se han cometido graves delitos, algunos con continuidad actual. Además, esos delitos pueden llevar a un estallido social y la pérdida de la gobernabilidad del país. Sumado a eso, Dignidad y Rescate de la USAC ha presentado casos penales ante el MP, que obligan a desautorizar el proceso eleccionario. Es el momento de medidas políticas firmes. La primera ha sido la marcha pacífica convocada para el día 21 de junio, a las nueve de la mañana, del Paraninfo Universitario a la CC, en la que espero miles de personas indignadas. Tendrá gran impacto; pero otras medidas estarán listas en caso de que las mafias se resistan a la caída del usurpador, desde la intervención de la USAC, por sus aviesas prácticas antidemocráticas e inconstitucionales, hasta la paralización del país, para depurar a la USAC y la CC. ¡Es momento de quiebre histórico!
