En 1982, tras el golpe de Estado, Efraín Ríos Montt dispuso la creación de los Tribunales de Fuero Especial que tenían la característica de la secretividad por lo que fueron severamente cuestionados nacional e internacionalmente, puesto que es un principio fundamental que la justicia tiene que ser transparente, lo que implica un sistema judicial que garantice la apertura, rendición de cuentas y acceso público a la información de los impactos de la justicia. Todo ello con el objetivo de erradicar la corrupción mediante las muestras de lenguaje claro en las sentencias, la publicación de procesos disciplinarios y digitalización para impedir rezago burocrático.
Hoy publicamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad de vedar, de manera absoluta, acceso a la información sobre las actuaciones de ese alto tribunal que debiera ser ejemplo de transparencia. Quien no tiene nada que ocultar no recurre a argumentos vacíos para justificar el ocultamiento de información que, como se establece constitucionalmente, está a disposición de los ciudadanos en todo lo que tiene que ver con la administración pública, salvo casos muy específicos detallados en la misma Carta Magna.
Son muchos los casos en los que las discusiones no son jurídicas y están más marcadas por los pactos que algunos magistrados hacen con partes interesadas y esa realidad, le ha hecho un tremendo daño al sistema de justicia y al Estado de Derecho en general.
Ríos Montt fue el creador del Fuero Especial establecido en el Decreto Ley 46-28, que eliminó el concepto esencial del debido proceso para la aplicación de sanciones severas, incluida la pena de muerte, de manera sumaria y en esta corte está Roberto Molina Barreto, quien fue vicepresidenciable de la hija del General y quien debería tener plenamente claro el impacto que tiene en la justicia el secretismo más allá de lo que establece la ley.
En la CC ha habido y hay operadores de políticos que se encargan de mover los hilos y de ir cobrando por esos “favores”, tal y como en su momento hacían con el crédito fiscal de la SAT, por citar uno solo de los ejemplos. Los espacios que dejó la salida de Nester Vásquez han sido bien heredados en la CC (es un solo caso de muchos) y por eso se entiende, el deseo del secretismo que genera sospechas.
Ahora que a Washington le interesa entrarle al tema de los cárteles y crimen organizado y dado el rol que se jugó cuando se conformó la nueva corte, se debe entender que la transparencia en la máxima corte debe ser total porque no es secreto que los grupos de crimen organizado siempre encuentran sus formas de penetrar, de operar y de lograr sus objetivos. Parte de enfrentar a las mafias debe implicar el cambio en el modelo de justicia que hasta la fecha ha imperado en Guatemala y que no está cumpliendo el axioma justicia pronta y cumplida para todos.
En el caso del máximo tribunal de la República, el mismo debiera ser ejemplo de transparencia para permitir que la ciudadanía recupere su confianza en el sistema judicial luego de años de mañoserías que, hay que decirlo, recibieron la bendición y el aval completo de la misma Corte de Constitucionalidad, hecho que permite entender las razones que tuvieron los magistrados que la controlan para emitir esa resolución, contenida en 25 páginas, rechazando la solicitud de acceso a la información formulada por La Hora con base y fundamento en lo que establece esa Constitución cuya protección debiera ser la esencia fundamental del trabajo de tales “juzgadores”.
