La Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIP) aún no recibe los recursos que por ley debe trasladarle el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), debido a que la entidad no ha completado varios requisitos administrativos y legales indispensables para su funcionamiento.
Así lo aseguró el viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, Carlos Melgar, quien explicó que el directorio y la gerencia de la institución todavía deben concluir procesos clave antes de habilitar la transferencia de fondos.
Melgar indicó que uno de los principales pendientes es la finalización de la estructura presupuestaria de la DIP dentro del sistema financiero del Estado. Según explicó, aunque el Ministerio de Finanzas ha brindado acompañamiento técnico a la entidad, corresponde a la gerencia concluir ese proceso administrativo.
#AhoraLH | Melgar explica la forma en que se ha dado seguimiento a la Ley de Infraestructura Prioritaria y la formación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios.
📹✍️: Kenneth Jordan/LH pic.twitter.com/NUCDJTQUpi
— Diario La Hora (@lahoragt) 11 de junio de 2026
El funcionario también señaló que continúa pendiente la aprobación del reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, un instrumento considerado fundamental para completar la arquitectura institucional de la nueva entidad.
Además, recordó que tampoco se ha creado el Fondo para Obras de Infraestructura Prioritaria (FOBIP), mecanismo mediante el cual deberán administrarse los recursos destinados a la operación de la dirección.
Según Melgar, ambas decisiones dependen directamente del directorio de la DIP y constituyen requisitos previos para que Finanzas pueda realizar cualquier traslado presupuestario.
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Las declaraciones coinciden con lo expuesto por el viceministro el 14 de mayo, cuando aseguró que la implementación de la nueva institucionalidad se mantiene dentro de los plazos establecidos por la ley.
En aquella ocasión explicó que la normativa contempla una primera fase de organización institucional de 18 meses y una segunda etapa de transición de funciones desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que se extenderá por 36 meses.
También aclaró que el Fondo de Infraestructura Pública aún no podía operar debido a que el reglamento continuaba pendiente de revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN), aunque el Ministerio de Finanzas ya había completado tareas como la creación de códigos institucionales, adecuaciones presupuestarias y ajustes al sistema Guatecompras.
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La lenta implementación de la ley ha generado cuestionamientos desde su aprobación. En febrero, el entonces ministro de Comunicaciones, Miguel Díaz Bobadilla, advirtió que los resultados concretos de la normativa comenzarían a observarse hasta 2027, debido a que los reglamentos y manuales de ejecución aún estaban en elaboración.
Hasta ahora, la única obra ejecutada bajo los mecanismos contemplados en la ley corresponde a la rehabilitación de 16.4 kilómetros de la ruta CA-12B, entre los kilómetros 212 y 228 en Chiquimula, que conecta Guatemala con El Salvador a través de la frontera de La Ermita-Anguiatú.
Mientras tanto, los 17 tramos carreteros priorizados originalmente continúan sin mostrar avances sustanciales, pese a que la normativa fue presentada como una de las principales apuestas para acelerar la inversión vial en el país.
