La activación de la Sección 301 por parte del gobierno de los Estados Unidos esta semana para investigar a 60 países —incluido Guatemala— por supuestas vinculaciones con el trabajo forzoso encendió las alarmas.
Sin embargo, según el sector exportador guatemalteco su análisis técnico dista mucho de las conclusiones de EE. UU. y apunta a demostrar lo que según ellos, «siempre el país ha demostrado, que es que sus exportaciones no están relacionadas a esas prácticas».
Guatemala tiene hasta el 7 de julio para presentar los descargos técnicos ante Washington. Amador Carballido, director General de la Asociación de Exportadores (Agexport), opina que el impacto real no ocurrirá en un alza en el porcentaje de los aranceles, sino en una transformación en la fiscalización de las materias primas.
Los escenarios probables que maneja los exportadores sugieren que la carga impositiva para los productos guatemaltecos no sufrirá variaciones dramáticas.
Según Carballido, el vencimiento en julio próximo de la Ley 122 —que sostiene el arancel global vigente del 10% y cuya renovación depende exclusivamente de un complejo consenso en el Congreso estadounidense— ha forzado a la administración de Donald Trump a buscar herramientas alternativas como la Sección 301 para mantener su capacidad de presión comercial.
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Según Carballido el vencimiento de Ley 122, es un mecanismo que permitió a la administración de Donald Trump fijar un arancel global del 10% en febrero de este año, luego de que la Corte Suprema frenara sus medidas impositivas previas.
Por mandato legal, este gravamen temporal tiene un límite estricto de 150 días que expira el próximo 24 de julio y cuya prórroga depende exclusivamente del Congreso estadounidense; por lo que la nueva medida ejecutiva es un «plan B» para mantener la presión arancelaria.
El representante del sector exportador refirió que en los escenarios que ellos manejan es que cualquiera de los planes, ya sea mediante la continuidad de las normas actuales, la aplicación de la Sección 301 o la eventual entrada en vigencia del Acuerdo Recíproco de Aranceles, firmado en febrero, las tasas podrían quedar como se aprobaron: 70% de productos entrarán con cero arancel y el otro 30 con 10% como se acordó.
Carballido, fue claro en decir, que esto no es más que un posible escenario. «El panorama final de Guatemala, bajo la ley que sea, va a quedar muy similar a como estamos ahorita», detalló Carballido.
EFECTO TRAZABILIDAD
El verdadero riesgo entonces, no es el costo de entrar a EE. UU., sino la capacidad de demostrar que se tiene el derecho de entrar.
El Cambio con la sección 301 es la exigencia de controles estrictos a la importación de materias primas secundarias. EE. UU. ya no solo vigilará lo que se produce localmente, sino que sancionará a los países que compren insumos a naciones sospechosas de explotación laboral para luego reexportarlos procesados a territorio estadounidense.
Esto dijo, podría generar certificaciones de terceros. Recordó que en su momento esto ocurrió con con las auditorías de trabajo infantil en el sector cafetalero o las normativas ISO para agroquímicos; ahora, las empresas guatemaltecas deberán contratar firmas auditoras internacionales independientes para certificar el ADN ético de sus operaciones y proveedores.
Este fenómeno provocará un efecto dominó en Centroamérica. Países como El Salvador o Costa Rica comenzarán a exigir certificaciones recíprocas a los exportadores guatemaltecos para proteger sus propias cadenas de suministro hacia el norte, rediseñando por completo el ecosistema del comercio intrarregional.
ACUERDO SIN FECHA
El Acuerdo Bilateral Recíproco firmado entre Guatemala y EE. UU. en febrero —que en su artículo 2.7 ya blindaba al país al comprometerlo a prohibir insumos provenientes de trabajo forzado— se encuentra aun a la espera de su entrada en vigor debido a fallos de la Corte Suprema estadounidense que suspendieron parcialmente la legislación original.
De momento, lo que se sabe porque era la fecha prevista es que el acuerdo debía entrar en vigor a finales de julio; sin embargo, el Ministerio de Economía no ha dado una fecha concreta y tampoco han emitido opinión respecto de las audiencias o descargos que se deberán presentar en julio próximo.
Carballido refirió que desde el sector que representa, ellos han comenzado a articular su propia estrategia técnica de manera independiente, recopilando evidencias operativas y preparando los argumentos que planean transferir al gobierno central para luego ya sostener reuniones bilaterales con el Ministerio de Economía.
LaHora consultó al Ministerio de Economía su postura respecto de la medida anunciada por el presidente de Estados Unidos; sin embargo, al cierre de esta nota no se ha obtenido respuesta. Al tener la postura, LHEconomía, consignará sus respuestas.
