Han pasado más de cuatro meses desde que el l Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) formalizó el contrato por Q34.55 millones para adquirir un cuestionado software de gestión hospitalaria, y, además de hallazgos preliminares en una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, existen denuncias internas sobre una presunta incompatibilidad del sistema con la plataforma actual de la institución e incumplimiento de plazos.
Información compartida a La Hora desde lo interno del IGSS revela acciones que estarían en marcha para modificar el contrato con la empresa TRC Informática, Sociedad Limitada, a la cual se le adjudicó el proyecto.
El objetivo sería ampliar el período de entrega del software, mientras se consigue la conformación de una Junta Receptora que firme de conformidad, aunque el sistema no funcione como debería.
Fuentes vinculadas al proceso señalaron que desde enero comenzó a correr el plazo de 28 días en cual tendría que haberse concretado la recepción del software, fase que incluiría la instalación inicial y la garantía de compatibilidad del sistema. Tal lapso habría vencido «en los últimos días de marzo».
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Sin embargo, hasta ahora no existiría un acta formal de recepción y persisten dudas técnicas sobre el funcionamiento del sistema, el cual ya se habría puesto a prueba en varias de las unidades médicas a las que se destinaría.
Según las fuentes, hay problemas de integración y operación con las plataformas existentes del Seguro Social, en las cuales se guarda la información de los afiliados atendidos, entre otros datos.
“El sistema aparentemente no es compatible. Ya se hicieron pruebas y no se puede ingresar a la plataforma de todos los pacientes ni enlazarla con las distintas unidades médicas”, indicó una de las fuentes internas del IGSS.
BUSCAN “GANAR TIEMPO”
Las denuncias apuntan a que autoridades de la Subgerencia de Tecnología e Informática —a quienes se señala entre los principales promotores del proyecto— impulsarían una «enmienda al procedimiento» para evitar que este sea declarado incumplido.
De acuerdo con la información proporcionada a La Hora, el presidente del IGSS, José Adolfo Flamenco Jau, habría respaldado la propuesta y girado instrucciones para que el documento se autorice y así se permita recibir el software fuera del tiempo establecido en el contrato.
A decir de las fuentes, el propósito sería “retrotraer” el proceso para que vuelva a correr el plazo inicial de 28 días contemplado para la entrega de licencias e instalación. “Quieren ganar más tiempo, porque hay varias anomalías», aseguró una de las personas consultadas.
Además, alertó que la figura de «enmienda» no es habitual en este tipo de procedimientos, lo cual, dijo, ha generado desconfianza entre empleados de distintos rangos a quienes se ha intentado nombrar como miembros de la Junta Receptora.
CONTRATO NO INCLUYE PRÓRROGA PARA FASE DE INSTALACIÓN
La Hora contrastó tales declaraciones con el contrato Administrativo número 8-DSC/2026 del IGSS, el cual contiene las características y plazos del sistema adquirido, así como los compromisos asumidos por las partes.
Ahí se detalla que las licencias y la instalación debían completarse en un máximo de 28 días calendario después de la aprobación contractual. Posteriormente, otras cinco fases tendrían que ejecutarse en un plazo máximo de 180 días tras concluir la primera etapa.
La cláusula séptima únicamente permite una prórroga para las fases 2, 3, 4, 5 y 6, y establece que debe solicitarse como mínimo 42 días antes del vencimiento de cada una, bajo causas justificadas. Es decir, no se contempló una ampliación de plazo para la etapa de instalación y entrega de licencias.
TEMOR POR PAGO MILLONARIO
La preocupación interna también gira alrededor de la estructura de pagos contemplada en el contrato.
En febrero pasado, la Contraloría ya había advertido anomalías en este punto y cuestionó que el primer desembolso equivaliera al 60% del monto total del negocio, es decir, Q20.73 millones.
Las fuentes del Seguro Social indicaron que existe temor de que el sistema sea recibido aun cuando no funcione correctamente y que se haga el desembolso. “El miedo es que se reciba aunque no sea compatible, se pague el 60% y luego desaparezcan con el dinero”, afirmó uno de los entrevistados.
Las mismas personas señalaron que, incluso, habría interés en prolongar el proceso hasta después de que concluya el mandato de Flamenco Jau, lo cual ocurriría en junio de 2027.
“El presidente —del IGSS— es uno de los más interesados en el proyecto y termina funciones el próximo año y bien podría retrasar la instalación o hacer que no se conozcan las anomalías en el software hasta que se haya ido”, indicó otra de las personas que denunció las acciones que estarían en marcha en la entidad.
«NADIE QUIERE ESTAR EN LA JUNTA RECEPTORA»
Otro de los puntos señalados en este caso es la situación de la comisión receptora, la cual se encargaría de validar oficialmente la entrega y compatibilidad del software de gestión hospitalaria.
El contrato establece que dicha junta debe estar integrada por tres profesionales, quienes tendrán la responsabilidad de verificar técnicamente el cumplimiento de cada fase antes de suscribir las actas de recepción.
No obstante, trabajadores del Seguro Social denunciaron que la primera junta receptora quedó inconclusa porque una de sus integrantes «prefirió renunciar a su trabajo que involucrarse en el tema»; posteriormente, otros empleados habrían rechazado ser miembros de la instancia.
Las denuncias indican que ya ha habido tres cambios en la comisión receptora, y hasta la fecha la instancia sigue sin estar activa.
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UN CONTRATO MARCADO POR CUESTIONAMIENTOS
La compra del software de gestión hospitalaria del IGSS ha estado marcada por cuestionamientos desde 2024. Desde entonces, la entidad realizó tres concursos distintos y en todos TRC Informática fue la única oferente.
En su momento, las autoridades argumentaron que la intención es contar con una plataforma integral de transformación digital que modernizaría, centralizaría y automatizaría los servicios médicos y administrativos de la institución.
El primer proceso se adjudicó por Q7.99 millones, el segundo por Q38.5 millones y el tercero —vigente actualmente— por Q34.55 millones.
Los primeros dos se rescindieron, pero el tercer intento quedó en firme, pese a que la Contraloría alertó que continuar con el negocio podría derivar en acciones legales por posibles incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado.
Entre los hallazgos figuraban deficiencias en las bases de licitación, falta de justificación técnica para la compra y cuestionamientos sobre la estructura de pagos, así como en el período de dos años en el que el IGSS tendría que desembolsar recursos al mismo contratista por «mantenimiento del sistema».
La Hora consultó al IGSS sobre el estado actual del software, los cambios en la comisión receptora, la posible modificación del procedimiento de recepción y los señalamientos de incompatibilidad del sistema. También requirió la postura de las autoridades involucradas en el proceso, pero hasta el momento no ha habido respuesta. De obtenerse, se incluirá en este espacio. Además, se llamó a la Contraloría General de Cuentas (CGC), pero aún no se ha obtenido respuesta.
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EL PRIMER NEGOCIO CON EL ESTADO
Otro elemento que ha generado dudas en cuanto al contrato es la experiencia de la empresa adjudicada. TRC Informática, Sociedad Limitada, es una firma de capital español, que, hasta ahora, no había tenido contratos con el Estado.
En su sitio web, la compañía indica tener varias sedes en su país de origen y haber evolucionado a montaje de equipos y cableado estructurado, además de seguir avanzando en su proceso de expansión, crecimiento y profesionalización.
De acuerdo con documentos del Registro Mercantil, la empresa constituyó una sucursal en Guatemala en 2023 y comenzó actividades en octubre de ese año, con un capital autorizado de Q500 mil 115.
