Durante más de cinco décadas, el Ejército de Guatemala enfrentó restricciones para adquirir armamento debido al embargo impuesto por el Congreso de Estados Unidos durante los años de mayor violencia del Conflicto Armado Interno, debido a las constantes señalamientos de violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia guatemalteca.
Con el levantamiento de la prohibición, el gobierno de Guatemala inició un acuerdo de cooperación para implementar estrategias tecnológicas en el combate contra grupos transnacionales, lo que permitirá la modernización de la entidad castrense tras casi 50 años de rezago tecnológico.
REZAGO EN EL DESARROLLO
De acuerdo con el analista independiente Renzo Rosal, históricamente el desarrollo de las Fuerzas Armadas en Guatemala ha estado estrechamente ligado al apoyo suministrado por el gobierno de Estados Unidos. Un ejemplo de ello es la Fuerza Aérea Guatemalteca, que logró fortalecerse mediante los programas de asistencia militar impulsados durante las décadas de 1950, 1960 y 1970.
Rosal remarcó que Estados Unidos también apoyó al desarrollo de la Marina de Guerra en el suministro de guardacostas, lanchas de desembarco. Por lo cual, afirmó que el embargo producto de los señalamientos de violación flagrante y constante a los derechos humanos en el país dio a la falta de suministro de armas y municiones en el país.
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El analista destacó que Guatemala compró armas a Israel y algunos otros países, pero nunca tuvieron la misma magnitud que con Estados Unidos, por lo cual, hubo una afectación al haber poco desarrollo de las Fuerzas Armadas en Guatemala.
Al quedar sin efecto el embargo, Rosal explicó que Guatemala podría comenzar con la compra de suministros, armas y otros equipos, para devolver el desarrollo y la modernización a las Fuerzas Armadas del país.
Esta modernización también apoyaría a Estados Unidos, según Rosal, puesto que permitiría que el Ejército de Guatemala tenga mejores condiciones para alcanzar resultados que le interesan al gobierno norteamericano, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la protección de las fronteras.
EL EMBARGO DE CARTER
El embargo en la venta de armas en contra del Ejército de Guatemala se dio en medio de la Guerra Fría y el recrudecimiento del conflicto armado interno, que había llegado a una etapa marcada por la violencia, las masacres y las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
En 1977, Estados Unidos mostró un cambio en su política internacional con la llegada de Jimmy Carter a la presidencia, quien remarcó su postura a favor de los derechos humanos, en un contexto marcado por el involucramiento del país norteamericano en guerras y conflictos internacionales durante las décadas anteriores.
Un informe de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (Avansco) denominado “Política Exterior y Estabilidad Estatal” afirma que el cambio en la política de la administración de Carter y el cambio de táctica en Washington para influir en los movimientos sociales en Centroamérica marcaron un descontento entre el sector dirigente guatemalteco y el “establishment” norteamericano.
El documento también detalla que Estados Unidos buscaba evitar una intervención militar y que se replicara lo ocurrido en la guerra de Vietnam. También, expone las preocupaciones de Gran Bretaña ante una posible invasión guatemalteca sobre el territorio beliceño.
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Una publicación de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) también detalla que la administración Carter no quería ser vinculado directamente en los sangrientos episodios de violencia que ocurrían en Guatemala durante el conflicto armado interno.
Con ello en mente, en abril de 1977, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe sobre derechos humanos en varios países, entre ellos Guatemala, en el que señalaba acciones atribuidas al Estado guatemalteco en contra de la población civil durante el conflicto armado interno.
De acuerdo al informe “Guatemala: Memoria del Silencio”, el entonces presidente Kjell Eugenio Laugerud García, junto gobernantes señalados en el informe del Departamento de Estado, decidieron renunciar a la ayuda militar estadounidense, adelantándose al embargo que tenía previsto implementar el Congreso norteamericano.
También remarca que el recorte del apoyo norteamericano se dio de forma gradual. La administración de Jimmy Carter redujo la ayuda destinada a programas de entrenamiento militar, por lo que la institución castrense guatemalteca optó por buscar nuevos aliados y proveedores de equipo militar.
El Ejército logró que Israel proporcionara fusiles de asalto Galil 5.56, aviones de transporte Arava y vehículos blindados RBY Mkl. Al mismo tiempo, compró armamento a Yugoslavia, España, Bélgica y Suiza, mientras que la formación contra la guerrilla se obtuvo de países sudamericanos, europeos, Israel y Taiwán, según el referido escrito.
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Finalmente, el Congreso de Estados Unidos aprobó la prohibición para la venta de armas al Ejército de Guatemala el 3 de noviembre de 1977. Entre las condiciones para levantar la restricción, los congresistas estadounidenses señalaron que el país debía contar con un gobierno civil electo democráticamente y demostrar avances en materia de derechos humanos.
VIOLACIÓN A DD.HH.
El analista Renzo Rosal remarcó que estas violaciones a los derechos humanos fueron denunciadas tanto por congresistas como por senadores de los partidos Demócrata y Republicano, quienes alertaron sobre lo que ocurría en Guatemala y dijeron que no se darían más armas hasta tanto no haya un “ejército violador de derechos humanos”.
Con el embargo, Rosal explicó que Estados Unidos envió un mensaje: “No solamente el Estado de Guatemala es violador (a los derechos humanos), los diferentes gobiernos, especialmente gobiernos militares, sino enfáticamente (dijeron) el gran violador señalado por Estados Unidos es el Ejército”.
Según Renzo Rosal, la postura del Congreso estadounidense era que “las armas y municiones que está suministrando el pueblo estadounidense están contribuyendo a la violación de derechos humanos”, lo cual recalcó que contradecía la naturaleza de los programas de asistencia militar de la época y el espíritu de la Constitución de Estados Unidos.
GT NO LOGRA CUMPLIR CON CONDICIONES
En 1980, Jimmy Carter fue derrotado por el republicano Ronald Reagan, lo que provocó un cambio en la política exterior estadounidense y el impulso de una estrategia más agresiva contra el comunismo en América Latina. Sin embargo, en Guatemala, el mandatario norteamericano no pudo actuar como hubiera deseado debido a las restricciones que aún pesaban sobre la asistencia militar al Ejército guatemalteco, según el documento denominado «Guatemala: Historia Reciente (1954-1996)» de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
El documento detalla que el gobierno de Fernando Romeo Lucas García continuó incurriendo en violaciones a los derechos humanos, por lo que la administración de Ronald Reagan no logró reactivar la ayuda militar para Guatemala. El bloqueo impulsado por el Congreso estadounidense también provocó que el país quedara fuera de la estrategia regional contra la guerrilla en Nicaragua.
Sin embargo, la llegada de Efraín Ríos Montt a través de un golpe militar cambió los apoyos de Estados Unidos. El referido escrito detalla que a través de la extinta Agencia de Cooperación Estadounidense (Usaid, por sus siglas en inglés) Reagan otorgó asistencia económica y ofreció fusiles viejos para las Patrullas de Autodefensa Civil.
Contrario a lo requerido por el Congreso norteamericano, Ríos Montt se negó a abrir el régimen militar a la democracia y se rehusó a restablecer la jerarquía militar al apoyar al mando de jóvenes oficiales, según explica el escrito.
De igual forma, durante el gobierno de facto de Ríos Montt continuaron las denuncias por violaciones de derechos humanos. En casi un año, se reportaron asesinatos contra líderes sindicales, estudiantes y profesores universitarios, así como masacres en distintas partes del país con la excusa de combatir a las organizaciones insurgentes, según el documento de la Universidad de San Carlos de Guatemala denominado “Ejército y genocidio. Continuidades y rupturas de las estrategias contrasubversivas del alto mando militar (1981-1985)”.
GT INSISTE CON LEVANTAR EMBARGO
Algunas de las decisiones descritas anteriormente provocaron un nuevo golpe de Estado, liderado por el general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien finalmente convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso dio paso a la elección democrática de Vinicio Cerezo Arévalo, quien asumió la presidencia en 1986.
Sin embargo, las denuncias por violaciones a los derechos humanos continuaron, incluso después de la firma de la paz en 1996.
Al finalizar la guerra civil hubo varios intentos por revertir el embargo de armas. El expresidente Álvaro Colom sostuvo reuniones con el subsecretario de Defensa para Asuntos de América Latina de EE. UU. para solicitar el fin del embargo, según una nota de Prensa Libre.
Un documento de la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala de Estados Unidos detalla que se requirió que el Estado guatemalteco cumpliera con varios puntos para levantar el embargo.
El Congreso estadounidense solicitó que el Ejército de Guatemala mantuviera una misión claramente definida, centrada en la seguridad fronteriza y las amenazas externas; que se implementara una estrategia de reforma con amplio respaldo dentro de la sociedad guatemalteca; y que se respetaran los derechos humanos, según detalla el documento.
También solicitó cooperación con las investigaciones y los procesos judiciales civiles en casos que involucraran a oficiales activos y retirados, así como la divulgación pública de todos los archivos militares relacionados con el conflicto armado interno.
Sin embargo, la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos fue tajante en rechazar la solicitud. El escrito de los congresistas señaló que el Ejército asumió agresivamente funciones de la policía y otras instituciones de seguridad, a la vez que remarcó el poco avance en las investigaciones contra personas involucrados en crímenes durante el Conflicto Armado Interno.
“El Ejército nunca ha proporcionado voluntariamente registros específicos ni ha accedido a citaciones judiciales para respaldar las investigaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno. Tras años de presión, un juez finalmente obligó a los militares a entregar el Plan Victoria. Todos los demás documentos clave utilizados en los procesos judiciales (el Plan Sofía y el Diario Militar, por ejemplo) fueron sacados clandestinamente, sustraídos o filtrados”, menciona el escrito sobre la falta de compromisos por parte del Estado guatemalteco.
EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO
Finalmente, luego de 49 años de embargo y negociaciones sin fruto, el titular del Ministerio de la Defensa (Mindef), Henry Sáenz, anunció el pasado 9 de marzo sobre el levantamiento de la prohibición para la compra de equipo militar estadounidense.
En una entrevista con ConCriterio, el jefe de la entidad castrense explicó que la decisión de Estados Unidos dio luz verde para la adquisición de tecnología militar actualizada, entre ella, equipo de comunicación, armamento, municiones, vehículos blindados y sistemas de detección nocturna.
Según Sáenz, el Ejército guatemalteco cuenta con Q900 millones para empezar esta actualización tecnológica en la entidad castrense. “Solo con el acceso a este equipo vamos a poder hacer operaciones con una calidad muy superior a la que veníamos realizando”, indicó.
Tras el anuncio, este 28 de mayo, un reportaje de New York Times afirmó que Guatemala firmó un acuerdo que permite al gobierno de Estados Unidos realizar ataques en contra de grupos dedicados al tráfico de ilícitos dentro del territorio nacional.
Sin embargo, el presidente Bernardo Arévalo remarcó que la cartera de la Defensa Nacional envió una misiva a Estados Unidos para ampliar la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate a estructuras criminales.
“Lo que hemos hecho es solicitar al gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala”, indicó el mandatario.
El gobernante explicó que la petición está enfocada en la capacitación, entrenamiento, acceso a equipo, asesoría especializada y apoyo en inteligencia, con el fin de fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad mediante herramientas tecnológicas y asistencia técnica.
Según Arévalo, este acuerdo también abarca la integración de inteligencia para combatir a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, remarcó que no buscan el despliegue de militares estadounidenses en el país, ya que la Constitución establece que es el Congreso el que puede autorizar el ingreso de ayuda militar extranjera.
