En España se está conociendo el caso del ex presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado judicialmente por el delito de tráfico de influencias y sujeto a otras investigaciones relacionadas con su gestión al frente de ese país europeo en su calidad de alto líder del Partido Socialista Obrero Español -PSOE-, que actualmente gobierna. El caso tiene especial relevancia por dos factores que consideramos fundamentales: uno es que ningún país ni tendencia política está libre de la corrupción y el otro es la vital importancia que tiene una justa y correcta investigación del proceder de los políticos en el mundo.
Rodríguez Zapatero ha gozado de mucho prestigio dentro de la izquierda española y ahora espera el momento de una primera declaración a principios del mes de junio, pero en el caso se ha vinculado también a dos de sus hijas por haber recibido dinero, al igual que empresas de amigos de quien era el Presidente de Gobierno en España. La investigación continúa, pero lo importante es que, aún estando ese país bajo gobierno del partido PSOE, las autoridades tomaron la decisión de seguir la pista e indagar sobre operaciones de tráfico de influencias para generar beneficios personales al entonces gobernante y a sus allegados.
Desde el punto de vista de Guatemala, país donde durante años todas las denuncias que involucraban a expresidentes fueron sistemáticamente enterradas por el Ministerio Público de Consuelo Porras, lo que está ocurriendo en España es en cierto sentido inaudito porque nos hemos acomodado con la idea de que la justicia no hace ni hará nada contra quienes se enriquecieron en el ejercicio del poder. Pero en realidad es un ejemplo de cómo debe funcionar la ley para evaluar si desde las altas esferas de gobierno se usaron mecanismos ilícitos -e inmorales- para enriquecer a los que fueron electos por los ciudadanos.
Falta mucho camino por recorrer antes de que se conozca una sentencia en el caso de Rodríguez Zapatero, pero es obvio que su nivel de prestigio y el poder de su partido no pudo impedir que se iniciara una investigación que está demostrando la posibilidad de que se haya usado el poder para enriquecimiento personal y, de comprobarse tal extremo, podemos estar seguros de que la cárcel será el castigo obligado.
Repetimos que la corrupción no es tema ideológico sino es un asunto de valores y principios, mismos que igual son violentados por izquierdistas o derechistas cuando se enriquecen en el ejercicio del poder. Pero en la medida en que se aplique la justicia se sientan precedentes que harán que otros ambiciosos piensen dos veces antes de embolsarse dinero ilícitamente, pues queda la evidencia de que con la justicia no se juega.
Aprender del caso Rodríguez Zapatero sería fundamental para Guatemala, país golpeado por una corrupción más grande y sistémica; ello nos permitiría sentar el precedente de que quien la hace la paga.
