Guatemala ha tenido que pagar un elevadísimo costo debido a que los sucesivos gobiernos se desentendieron de realizar una eficiente administración pública para dedicarse a robar cínica y descaradamente. Los resultados se ven día a día en temas como el descalabro de la infraestructura, la falta de inversión en desarrollo humano y generación de oportunidades, lo que obligó a millones de chapines a emigrar para sostener a sus familias y, aunque parezca increíble, al mismo país que los expulsó.
Quienes desde el sector privado, ya sea capitalino o en el interior, invierten tienen doble mérito porque el sistema está hecho para hacerles la vida un poco más dura y orillarlos a ese sistema en el que “muerde” casi todo lo puede arreglar. Resistir a esa realidad y operar como se debe, tiene su mérito.
Día a día, sin sentirlo, los guatemaltecos pagamos un alto precio por la corrupción y se confirma plenamente con el reportaje publicado hoy sobre la situación de los puertos y el impacto que ese desbarajuste tiene en el costo de los productos porque la lentitud para el desembarque mantiene largas filas de barcos en lista de espera y, por supuesto, ello eleva el costo de los productos que consumimos. El incremento de las importaciones y exportaciones demanda agilidad portuaria, pero resulta que los gobiernos y las sucesivas autoridades de puertos se han centrado en la corrupción en vez de trabajar seriamente para resolver el problema.
El caso más evidente es el de la negociación del gobierno de Otto Pérez Molina con la empresa Terminal de Contenedores de Barcelona de Ángel Pérez Maura, quien mediante un soborno multimillonario logró una concesión para hacerse con la Terminal de Contenedores Quetzal, negocio que dio lugar a un proceso penal. El efecto de haberlo hecho mal, a pesar que “trataron de salvarlo”, todavía lo estamos sintiendo porque debió ejecutarse mejor y sentar las bases para las futuras y necesarias inversiones que se deben realizar para aumentar capacidad real.
Dependemos de dos puertos que son insuficientes para el tráfico marítimo que llega y sale de Guatemala, pero hay quienes se siguen embolsando millones, a cambio de negocios que se centran más en la tajada que en la acción que genera cambios. Existe urgencia de disponer realmente de terminales marítimas con suficiente capacidad para atender la demanda y para crecer conforme lo requiere el mayor tráfico de barcos.
Hay soluciones de corto plazo que se pueden implementar, con voluntad y elemental conocimiento, para aliviar el problema; pero lo que hace falta es una efectiva ampliación de nuestra capacidad portuaria que se implemente sin sobornos ni mordidas como los que se dieron en el caso de Pérez Maura y consagrados después por Morales que simplemente sustituyó a Pérez Maura.
Todos los días, de quetzal en quetzal que pagamos de sobreprecios, los consumidores guatemaltecos sufrimos las consecuencias de esos sucios negocios que se hicieron sin pensar, en absoluto, en lo que el país necesita y en cómo realmente crear una eficaz infraestructura, situación que se ve en los puertos, carreteras y puentes de todo el país.
