La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la designación de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 como una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala.
A través de un comunicado la CIDH, destacó que el nombramiento, anunciado por el presidente, Bernardo Arévalo, el pasado 6 de mayo, debe ir acompañado de garantías para que la toma de posesión se concrete “en el plazo previsto y conforme al ordenamiento nacional.”.
La Comisión señaló que el relevo en la máxima autoridad del MP ocurre en un contexto marcado por “injerencias indebidas” y por la persistencia de procesos de criminalización en el país.
PREOCUPACIÓN POR LA CRIMINALIZACIÓN
De acuerdo con el organismo internacional, en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala concluyó que el MP “se apartó de su mandato constitucional y legal” de ejercer la acción penal de manera independiente, autónoma y objetiva.
La CIDH sostuvo que la criminalización se ha convertido en una práctica generalizada dirigida contra personas consideradas una amenaza para estructuras de poder ilícitas, con el objetivo de perpetuar la corrupción y la impunidad.
Según la Comisión, durante 2025 y 2026 continuaron las acciones judiciales contra dirigentes indígenas, actores políticos, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, además de registrarse presiones en procesos de elección de autoridades.
Entre las prácticas señaladas por la CIDH figuran la presentación reiterada de denuncias contra una misma persona, procesos basados en denuncias anónimas, uso abusivo de la prisión preventiva y campañas de difamación digital.
#Guatemala: CIDH reconoce la designación de Fiscal General como oportunidad para fortalecer el Estado de derecho.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) May 13, 2026
CASOS EMBLEMÁTICOS
La Comisión destacó como ejemplos de este patrón las denuncias promovidas por la Fundación contra el Terrorismo contra integrantes de la Comisión de Postulación para Fiscal General.
Asimismo, mencionó la persecución penal contra exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, entre ellos Luis Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, quienes permanecen en prisión preventiva acusados de terrorismo y asociación ilícita.
La CIDH también expresó preocupación por el caso de la abogada Claudia González y otras figuras así como por personas que, según indicó, debieron salir al exilio debido a procesos judiciales en su contra.
Otro de los expedientes señalados por la Comisión es el caso relacionado con la toma de la Universidad de San Carlos (USAC), donde el MP impulsó acusaciones contra 44 personas por delitos como sedición y asociación ilícita.
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RESPALDO INTERNACIONAL
La CIDH recordó que la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática advirtió en 2026 sobre un patrón de “instrumentalización institucional” mediante el uso estratégico de herramientas penales en momentos clave de designaciones constitucionales.
También citó a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien manifestó preocupación por el carácter sistemático de la criminalización en Guatemala y exhortó al Estado a eliminar la instrumentalización del sistema judicial.
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OFRECEN COOPERACIÓN TÉCNICA
Finalmente, la CIDH reiteró que el Ministerio Público tiene un papel central en la lucha contra la impunidad y en la preservación del Estado de derecho, por lo que consideró determinante asegurar la independencia y autonomía de su nueva autoridad.
La Comisión expresó además su disposición de brindar cooperación técnica al nuevo Fiscal General para contribuir al fortalecimiento institucional del MP y recuperar la confianza pública en el sistema de justicia.
