
La Policía Nacional Civil (PNC) aseguró que se ha enviado un equipo de análisis de riesgo a la Corte de Constitucionalidad (CC) para determinar el tipo de protección que se le dará a los magistrados, luego que se denunciarán actos intimidatorios en contra de la presidenta Anabella Morfín.
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que tras conocer el comunicado emitido por la CC se designó personal de la División de Protección de Personalidades para verificar la situación y establecer las medidas de seguridad correspondientes.
“Al tener conocimiento de esas amenazas personalmente se nombró un equipo de análisis de riesgo de la División de Protección de Personalidades de la Policía Nacional Civil para que le den seguimiento al caso y verificar la información, confirmar y nombrar el personal idóneo para poderle brindar la seguridad a los funcionarios que lo están requiriendo”, indicó.
#AhoraLH | La PNC afirma que se inició un análisis de riesgos para otorgar protección a los magistrados de la CC tras el comunicado donde se denuncia intimidaciones hacia los magistrados, principalmente Anabella Morfin.
✍️: Kenneth Jordan/LH
📹: PNC pic.twitter.com/XbL4ewJ3db— Diario La Hora (@lahoragt) May 7, 2026
Boteo señaló que el análisis busca determinar si será necesario ampliar la seguridad para todos los magistrados o únicamente para algunos integrantes del tribunal constitucional.
“Precisamente para eso se envió personal que hace el análisis de riesgo para que verifiquen la información con cada uno de ellos y si es de brindarle la seguridad respectiva se le va a estar proporcionando”, afirmó.
El jefe policial añadió que la intención de la institución es prevenir cualquier hecho delictivo contra funcionarios judiciales y reiteró que la PNC está abierta a brindar protección cuando sea requerida.
“Lo que necesita la Policía Nacional Civil es prevenir cualquier hecho delincuencial en contra de cualquier persona. Nosotros hemos sido abiertos a poderle brindar seguridad a todo ciudadano y en este caso lo está requiriendo la Corte de Constitucionalidad”, expresó.
DENUNCIAS Y AMENAZAS CONTRA LA CC
Las declaraciones de la PNC surgen luego de que la CC denunciara públicamente amenazas y agresiones dirigidas contra su presidenta, Anabella Morfín, así como contra otros magistrados del tribunal.
Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, la CC manifestó su “profunda preocupación” por mensajes y acciones recientes contra integrantes de la alta corte y rechazó “enérgicamente” cualquier intento de afectar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
Además, la corte hizo un llamado a actores públicos, privados y a la ciudadanía a actuar dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático, repudiando cualquier forma de intimidación o violencia.
Corte de Constitucionalidad denuncia amenazas y agresiones en contra de su presidenta y magistrados
En el pronunciamiento, el tribunal recordó que, conforme a la Constitución y la Ley de Amparo, la CC es un órgano de “jurisdicción privativa” encargado de la defensa del orden constitucional y que ejerce funciones independientes de los demás poderes del Estado.
El comunicado de la CC fue emitido en medio de publicaciones realizadas por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), relacionadas con la elección de Fiscal General y resoluciones pendientes en la Corte.
El pasado 4 de mayo, Méndez Ruiz informó públicamente sobre una denuncia presentada contra Anabella Morfín y la secretaria general de la CC, Aylín Ordóñez, por supuestamente no agendar amparos relacionados con el proceso de elección de Fiscal General.
En otra publicación, el presidente de la FCT afirmó que Morfín “está jugando un juego muy peligroso” por negarse —según indicó— a que el pleno conozca recursos vinculados con dicho proceso.
Hasta el momento, la Corte de Constitucionalidad no ha confirmado si las amenazas denunciadas están directamente relacionadas con estas publicaciones; sin embargo, el pronunciamiento ocurre en medio del aumento de tensiones alrededor del proceso de designación en el Ministerio Público (MP).







