Falta un mes para que la portabilidad numérica deje de ser promesa y se convierta en una realidad. El proceso avanza a distintas velocidades, marcado por la incertidumbre.
Mientras los operadores de telefonía hablan de inversiones realizadas, de sistemas adaptados y de redes preparadas, todo el andamiaje técnico choca contra la ausencia del reglamento que debería darle vida a la portabilidad numérica.
El Decreto 14-2025, Ley de Portabilidad Numérica en Servicios de Telefonía, entró en vigor el 28 de noviembre de 2025. Según lo establecido en su artículo 13, el reglamento debía emitirse dentro de los dos meses siguientes a su vigencia; es decir, a más tardar el 28 de enero de 2026. El documento refleja un constante intercambio de responsabilidades.
Según el Viceministerio de Comunicaciones, el reglamento se encuentra a la espera de la aprobación de parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN), tras haberle incorporado algunas correcciones sugeridas por esta misma entidad.
Luego de las correcciones, el documento, debe remitirse a Secretaría General de la Presidencia (SGP) para que el presidente Bernardo Arévalo proceda con su sanción.
Por su parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), asegura que el proceso avanza, pero reconoce no tener el reglamento.
El martes pasado, el diputado León Felipe Barrera Villanueva, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en el que denuncia la omisión de la SIT en emitir el reglamento de la Ley de Portabilidad Numérica.
Según el recurso, esta falta constituye una violación a derechos constitucionales, ya que impide la aplicación efectiva de una norma vigente.
En la acción legal, el legislador sostiene que la SIT incumplió una obligación expresa establecida en el artículo 13 del Decreto 14-2025 del Congreso de la República, al no emitir —dentro del plazo de dos meses previsto por la ley— el reglamento necesario para implementar la portabilidad numérica en los servicios de telefonía.
Asimismo, el diputado argumenta que esta omisión configura una “inactividad administrativa frente a un mandato legal expreso”, lo cual deriva en la vulneración de derechos constitucionalmente reconocidos a los usuarios.
SIT: PROCESO CONTINÚA
Respecto del amparo, la SIT, respondió que es respetuosa de las acciones legales que puedan plantearse dentro del marco constitucional, por lo que será atendido por las vías correspondientes conforme a derecho.
A través de su departamento de comunicación, la SIT, afirmó que se elaboró el proyecto de reglamento dentro de dicho plazo y lo remitió al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como ente rector, para continuar con el proceso correspondiente dentro del Organismo Ejecutivo.
Señalaron que conforme al ordenamiento jurídico vigente, la emisión de reglamentos es una atribución exclusiva del Presidente de la República, por lo que su aprobación implica un proceso de revisión interinstitucional que incluye distintas instancias.
En ese sentido, el proceso de emisión de un reglamento conlleva diversas etapas técnicas y legales que pueden extenderse por varios meses, por lo que el plazo establecido en la ley resulta limitado frente a los procedimientos administrativos necesarios para su debida aprobación y que el proyecto continúa su curso dentro de las instancias correspondientes del Organismo Ejecutivo, resaltó la respuesta de la SIT.
CLARO: EXPERIENCIA GARANTIZAN SERVICIO
En la actualidad, según la SIT, los operadores de telefonía móvil contabilizan 20.8 millones de líneas móviles.
Las compañías telefónicas insisten en que están preparadas. Pero, aseguran que sin conocer conocen las reglas finales, las inversiones realizadas, la enrutación de llamadas, y la homologación de sistemas, todo está en pausa.
En el caso de Claro, la empresa aseguró a La Hora que ha realizado inversiones para la adecuación de sus sistemas y plataformas que garanticen la operatividad del servicio, un proceso que también se enmarca en una estrategia más amplia de expansión y mejora de su red.
La compañía afirma estar lista para la implementación y destaca su experiencia en la operación de portabilidad en otros países de la región como respaldo técnico.
Desde esta perspectiva, la empresa considera que el principal riesgo para la entrada en vigor del sistema es el retraso en la publicación del reglamento, ya que este documento es clave para definir los procesos que permitirán atender las solicitudes de los usuarios que deseen cambiar de operador conservando su número.
Claro también subraya que el principal beneficio para los usuarios será no perder su número, pero a su vez, el proceso permite fortalecer la competencia y mejora la calidad del servicio en el mercado.
Respecto de si la Ley General de Telecomunicaciones funciona acorde al avance de la tecnología, la compañía refiere que la legislación nacional es modelo para otros países.
Desde este 28 de noviembre, tu número de celular será el mismo aunque cambies de proveedor
TIGO: OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR Y EL USUARIO
Tigo coincide en que la portabilidad numérica representa una oportunidad para el sector, pero advierte que la falta de certeza regulatoria es el principal factor de riesgo para su implementación.
La empresa dijo a La Hora que ha avanzado en la preparación técnica y operativa desde la aprobación de la ley, pero sostiene que la ausencia del reglamento impide contar con claridad suficiente para el diseño final de los sistemas.
La compañía asegura además haber solicitado información sobre el contenido del reglamento y su socialización pública ante la Superintendencia de Telecomunicaciones, sin obtener respuesta hasta el momento.
En ese sentido, advierte que la normativa vigente establece la necesidad de someter estos proyectos a conocimiento público antes de su aprobación.
La compañía mostró su preocupación ante las consultas de La Hora, por posibles riesgos operativos asociados a la interoperabilidad entre redes y servicios digitales que dependen del número telefónico como mecanismo de autenticación, como aplicaciones financieras y plataformas digitales.
Entre los riesgos mencionados se incluyen posibles fallas en la recepción de mensajes, bloqueos temporales de cuentas o vulnerabilidades ante intentos de fraude o suplantación de identidad.
En materia de inversión, la empresa afirma mantener un nivel anual de entre USD 180 millones y USD 200 millones en infraestructura y tecnología, orientado a fortalecer la red y mejorar la experiencia del usuario.
Aunque reconoce que el mercado ya es competitivo en términos de precios y cobertura, considera que la portabilidad podría intensificar aún más la competencia si se implementa bajo reglas claras y equilibradas.
Ambos operadores coinciden en que la portabilidad numérica representa un avance relevante para el sector de telecomunicaciones y para los derechos de los usuarios, especialmente en lo relativo a la libre elección de proveedor sin pérdida del número telefónico.
Sin embargo, también refieren en que su implementación depende de la definición del marco reglamentario que establezca los procesos operativos y técnicos del sistema.
De momento, la conclusión, es que la portabilidad está atrapada en trámites, oficios y responsabilidades compartidas.
La ley ya existe. El mandato es claro. Lo que no hay es una decisión final.
En un país con más de 20 millones de líneas móviles, la portabilidad no es un lujo técnico, sino un derecho pendiente, afirman diversas fuentes.
Sin embargo, aún hay un margen prudente para que el reglamento sea firmado y publicado, y con ello se habilite un derecho largamente esperado: que los usuarios puedan conservar su número, elegir libremente a su operador y, en la práctica, ser dueños de su línea.
Además, Guatemala dejaría de figurar entre los últimos países en implementar la portabilidad numérica y dé un paso concreto hacia un mercado más moderno, competitivo y centrado en el usuario.
