La comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República discute al menos 12 propuestas de enmiendas a la iniciativa de ley 6593, contra lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, que, según el presidente del Organismo Legislativo, Luis Contreras, espera se apruebe en la plenaria del 5 de mayo.
Contreras resaltó que dicha ley es un compromiso del país, debido a la importancia de la normativa. A la vez, el titular del Congreso indicó que no se resaltarán enmiendas de curul, sino solo las que tengan los acuerdos desde la comisión de Economía.
«Nosotros sí queremos la ley y, para que una ley se agende, los diputados tienen que disipar sus dudas, y es lo que ha hecho esta comisión. Esperamos que el jueves podamos compartir las enmiendas a todos los diputados, para que no salgamos con ideas en el Pleno», resaltó Contreras en la comisión de Economía.
En la discusión de las enmiendas participa personal de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Asociación Bancaria de Guatemala, por lo que Contreras estima que dicha aprobación final se logre en alrededor de cuatro horas.
#LHNacionales | 🇬🇹 El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, acude a la comisión de Economía donde se discuten enmiendas a la iniciativa de ley contra lavado de dinero, la cual se agendará para la plenaria del 5 de mayo como estaba programada. Se prevé aprobarla… pic.twitter.com/u099D2hrPb
— Diario La Hora (@lahoragt) 28 de abril de 2026
AJUSTES DISCUTIDOS
Jorge Ayala, presidente de la comisión de Economía, explicó que en la reunión de este 28 de abril se conocieron las enmiendas propuestas por los diputados Julio Héctor Estrada y José Inés Castillo, por lo que se busca mejorar la redacción del dictamen de ley y cumplir con el calendario planteado por Contreras.
El diputado indicó que las enmiendas discutidas están relacionadas con el artículo 89 de la iniciativa de ley, que da un plazo a un juez cuando se establecen medidas cautelares como la confiscación y detener la disponibilidad de inmuebles o cuentas bancarias, y se propone que sea en tres días; si no, el Ministerio Público liberará esos bienes.
Asimismo, la mesa de trabajo conoció el plazo que las personas obligadas deben conservar la información de la relación con sus clientes, que de forma física es de cinco años, y digital son 10 años adicionales, pero se considera que no todas las personas deben tener el mismo compromiso.
«También se discutió la conversión a pena privativa de libertad de las multas, por ejemplo, cuando una persona ha sido condenada por lavado de dinero más una multa, pero el monto de la sanción no puede pagar, se convertiría esa multa en un plazo que no exceda dos años adicionales de la pena emitida», respondió Ayala, que está establecido en el artículo 75 del dictamen que es responsabilidad penal de personas individuales.
Ayala agregó que de las siete enmiendas discutidas este martes, tres propuestas son de forma y cuatro son de fondo (sustantivas).
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