Después de una discusión acalorada y polémica, tres magistrados de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron repetir la calificación de la nómina de candidatos para Fiscal General. Estos magistrados son aliados de la jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras, que pretende continuar por cuatro años más dirigiendo el ente investigador, resolución que pone contra las cuerdas al presidente Bernardo Arévalo y a algunos de los comisionados que integran la comisión de postulación, quienes tienen que evaluar a los 48 postulantes y determinar quiénes llenan el perfil de capacidad, honradez y honorabilidad para dirigir, a partir del 17 del mes entrante, el órgano investigador.
Roberto Molina Barreto fue elegido por el Congreso como magistrado del máximo tribunal con una dudosa y entrometida elección a su tercera magistratura, convirtiéndose así en el magistrado más repudiado por el pueblo de Guatemala y también el más cuestionado.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad ordena a la comisión de postulación que preside Claudia Paredes, otra magistrada muy cuestionada por sus nexos con el diputado Allan Rodríguez, quien votó en favor de la fiscal Porras, y tenía la tarea de recomponer las calificaciones de los postulantes al cargo de Fiscal General.
La resolución fue notificada y, en más rápido que tarde, la comisión se volvió a reunir y recalificó a los postulantes, dejando el listado final en menos de 48 horas.
Inicialmente los comisionados, en la primera ronda, designaron a los seis postulantes; en la nueva ronda, podrían haber sorpresas. Pende hasta hoy que la Corte de Constitucionalidad resuelva las acciones de amparo que promovieron aspirantes que no fueron evaluados, quienes consideraron una clara violación a sus derechos.
La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar la acción de amparo del abogado Raúl Falla, que actuó en nombre de una fundación que tiene claro interés político en la elección del Fiscal General.
La Comisión de Postulación para Fiscal General, tras haber tenido su cuarta ronda de votación, eligió por fin a seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la cual en próximas fechas será presentada al Presidente de la República, quien nombrará a quien dirigirá la persecución penal.
En la primera ronda, con trece votos, el pleno de comisionados decidió que Beyla Adaly Estrada Barrientos se convirtiera en la primera candidata para integrar dicha nómina; el segundo en lograr diez votos a su favor fue el aspirante César Augusto Ávila Aparicio; el tercero fue el exviceministro de Gobernación Julio César Rivera Clavería, con 10 votos. Además, también fue seleccionado Gabriel Estuardo García Luna, con 11 votos, y Zoila Tatiana Morales Valdizón, con 10 votos. Por último, en la cuarta ronda de votación, con 10 votos, decidieron que el aspirante Héctor Guilebaldo de León Ramírez sería el sexto candidato en integrar la nómina a Fiscal General.
Pero se pudo observar nuevamente que la actual jefa del Ministerio Público mantuvo a su favor los mismos seis votos en las cuatro rondas de votación.
La población necesita que el nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público sea de verdad un funcionario comprometido con la persecución penal, con una reingeniería administrativa de la institución, que tenga credibilidad, que no actúe como un político y sea responsable y honrado frente a los hechos delictivos, que le haga frente al crimen organizado, pandillas, extorsiones, casos de corrupción y narcotráfico. Es necesario que la población confíe en sus autoridades y, sobre todo, que trabaje de la mano con el Gobierno Central, que proponga una reforma social y legal al sistema de justicia y la legislación penal, porque de allí parte la depuración del Ministerio Público.
En pocas palabras, el nuevo fiscal debe comprometerse con el Estado de derecho y la nación, y no con grupos de interés político y fáctico; respetar la ley y los procesos, no usar la justicia como arma política y fortalecer la institución en lugar de debilitarla.
