Como ciudadanos, el actual proceso de selección del Fiscal General de la República nos enfrenta a un escenario donde la técnica jurídica choca con el realismo político. Detrás de esta aparente neutralidad normativa subyace un objetivo no declarado: proteger a quienes han cooptado al Estado y a ciertos poderes fácticos.
Reducir la decisión a elegir entre “el menos peor” y “el mejor” no solo carece de rigor, sino que revela una deficiencia estructural que interpela a la filosofía política, la teoría del derecho y la ciudadanía misma. La democracia aplicada a la justicia no debería centrarse en quién ocupa el cargo, sino en cómo se diseñan los controles para limitar el daño que pueda causar un titular incompetente o deshonesto. Durante décadas, hemos guardado silencio sobre esta falla. Si el sistema de Comisiones de Postulación nos fuerza a optar por “el menos malo”, el debate debe trasladarse urgentemente a la rendición de cuentas: ¿qué mecanismos reales existen para auditar, sancionar o remover a un fiscal que incumple su mandato? La respuesta es clara: Históricamente también hemos fallado en esto, la normativa es deficiente y su aplicación, discrecional.
En esencia, la fortaleza del MP no puede depender de la ética individual de su titular, sino de un diseño institucional que parta de una premisa realista: el poder tiende a corromperse, por lo que debe estar blindado con contrapesos efectivos. Aun asumiendo una postura estrictamente formalista, es innegable que la legalidad no garantiza legitimidad. Si el proceso cumple los pasos establecidos en la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación, el resultado será jurídicamente válido, pero puede ser políticamente malo o mediocre y moralmente cuestionable. De hecho, esa ha sido la tónica de los últimos años.
Como ciudadano, comparto la percepción generalizada de que, cuando los actores del proceso de selección de candidatos a jefe del MP, instrumentalizan la norma para favorecer intereses particulares, se desvirtúa el Estado de Derecho. El MP deja de ser un órgano técnico, para convertirse en un instrumento de voluntad política. Y ahí radica el verdadero riesgo: el derecho no es solo un conjunto de reglas, sino un sistema sustentado en principios éticos. Si los miembros de las comisiones no priorizan la excelencia y la integridad, debilitan la columna vertebral moral del sistema de justicia. Lamentablemente esta ha sido la constante histórica en Guatemala.
Mientras el debate se centre en quién ocupa el cargo y no en cómo se controla su ejercicio, seguiremos atrapados en la ilusión del “menos malo”. Una ilusión que, en la práctica, se desvanece cuando la captura institucional se normaliza. Es hora de ir más allá de elegir personas y comenzar a construir instituciones honestas y justas.
