Un año despues de las captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, 48 cantones pide cambio de medias sustitutivas.
Foto La Hora: Daniel Ramírez

Al cumplirse un año de la captura de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades indígenas, encabezadas por los 48 Cantones de Totonicapán, exigieron la revisión de la prisión preventiva y su sustitución por medidas alternativas, al considerar que el proceso en su contra responde a una estrategia de criminalización.

En un pronunciamiento público, señalaron que la detención prolongada “no responde a una necesidad procesal legítima, sino a un propósito político”, destacando que el caso trasciende a los dos líderes comunitarios y se vincula con la defensa de derechos colectivos.

“Este proceso no solo recae sobre dos personas, recae sobre todo un sistema de justicia propio y sobre el derecho colectivo de defensa de la tierra y la autonomía”, indicaron, al tiempo que calificaron los señalamientos por terrorismo y asociación ilícita como un “atropello” contra la protesta social.

Las autoridades señalaron que, pese a múltiples solicitudes desde mayo de 2025, no se ha logrado revisar la medida de prisión preventiva ni avanzar en la etapa intermedia del proceso, exponiendo que las audiencias han sido suspendidas en reiteradas ocasiones y varios jueces se han excusado del caso, lo que ha prolongado la situación legal de los detenidos.

“Esto no es casualidad, es parte de un patrón sistemático de obstrucción a la verdad y negación del debido proceso”, afirmaron en su comunicado, en el que también denunciaron el impacto que la situación ha generado en las familias y comunidades.

Asimismo, exigieron la renuncia de autoridades del sistema de justicia, incluyendo a la fiscal general Consuelo Porras y al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, al considerar que han contribuido a la prolongación del proceso.

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CASO PACHECO Y CHACLÁN

La captura de Pacheco ocurrió el 23 de abril de 2025 durante un allanamiento en la zona 1 capitalina, ejecutado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público. Posteriormente, tanto él como Chaclán fueron ligados a proceso por delitos como asociación ilícita, sedición, terrorismo y obstaculización a la acción penal.

Las acusaciones se originan en su participación como líderes de las protestas de octubre de 2023, cuando diversas organizaciones exigieron el respeto a los resultados electorales y la toma de posesión presidencial.

Desde entonces, ambos permanecen en prisión preventiva mientras el proceso judicial continúa sin avances significativos en su etapa intermedia.

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

En su posicionamiento, las autoridades indígenas reiteraron que la defensa de la democracia y la protesta pacífica no deben ser criminalizadas. “Defender la democracia no es terrorismo”, enfatizaron, al tiempo que pidieron al sistema de justicia actuar con imparcialidad y garantizar los derechos fundamentales.

Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes del caso, insistiendo en que la resolución del mismo será clave para el respeto a los derechos colectivos y la justicia en el país.

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Kenneth Jordan
Periodista y fotógrafo apasionado por lo intrigante del mundo, buscando los detalles únicos con una mirada de curiosidad y asombro constante.
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