Autor: Abdi Tojil
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Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Hablar de participación ciudadana en Guatemala casi siempre suena bien en el papel y en cómo lo explican los funcionarios; “todo bien, todo se hace transparente, sus ideas, propuestas son incluidas y tomadas en cuenta”. Se habla también de inclusión, de voz comunitaria, de desarrollo local que beneficiará a las comunidades. Pero cuando una se acerca de verdad a los espacios donde supuestamente se decide –como los Consejos de Desarrollo– la historia cambia.
Muchas veces terminan siendo escenarios donde participar no significa decidir. Es decepcionante ver cómo, mientras el ciudadano común lidia con problemas reales y urgentes, el espacio se torna un dolor de cabeza burocrático manejado por quienes viven en una realidad muy distinta.
El Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo (Siscode) nació con una aspiración histórica tras los Acuerdos de Paz de 1996: democratizar la toma de decisiones y acercar el Estado a las comunidades. Sin embargo, desde su diseño, el sistema arrastra una contradicción: promueve participación dentro de estructuras estatales altamente centralizadas y con fuertes asimetrías de poder.
Si bien existe una estructura –Cocode, Comude, Codede y Conadur–, en la práctica la participación se limita a validar decisiones ya tomadas. Esto es lo que se conoce como participación instrumentalizada: espacios que funcionan más para legitimar que para deliberar y es reflejado en:
- La información no fluye de manera transparente ni oportuna.
- Los procesos técnicos se vuelven excluyentes para quienes no tienen formación especializada.
- Las prioridades comunitarias son desplazadas por agendas políticas o clientelares.
Los Consejos dejan de ser espacios de participación y se convierten en arenas de disputa por recursos, reproduciendo las desigualdades que originalmente buscaban reducir.
Esta dinámica no es abstracta; se materializa en prácticas concretas que evidencian la distorsión del sistema. Por ejemplo, el llamado “Listado Geográfico de Obras” deja de responder a los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y pasa a configurarse como un botín político, donde los proyectos se definen a partir de cuotas de poder y negociaciones informales entre alcaldes, (en ocasiones) gobernadores y diputados distritales.
A esto se suma la figura de los representantes “alineados”, donde, aunque formalmente se cumple con la inclusión de sectores de sociedad civil en los Codede, en la práctica estos representantes muchas veces responden a intereses partidarios. En lugar de canalizar las demandas de sus bases, su participación se limita a legitimar decisiones ya tomadas, reduciendo la representación a un acto meramente simbólico.
Estas lógicas se reflejan en la priorización de proyectos, lo que podría denominarse como una “dictadura del cemento”: la preferencia sistemática por infraestructura gris –como salones municipales, canchas o pavimentaciones– no necesariamente por su impacto en el desarrollo, sino por su rentabilidad política, su visibilidad inmediata.
Y ahí es donde empieza la incomodidad.
En un país atravesado por desigualdades históricas, hablar de participación sin hablar de poder es ingenuo o funcional al sistema. Fortalecer la participación no es solo una cuestión institucional, sino profundamente política. Implica disputar el poder, redistribuirlo y garantizar que las voces históricamente excluidas no solo estén presentes, sino que sean las que determinen el rumbo de su propio territorio.
Esto obliga a replantear una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Estamos participando o simplemente validando decisiones ya tomadas?
Porque el problema no es la ausencia de mecanismos, sino la forma en que estos operan dentro de estructuras desiguales de poder. Mientras no se cuestionen esas estructuras, cualquier intento de fortalecer la participación corre el riesgo de quedarse en lo simbólico.
Al final, participar no puede seguir siendo sinónimo de «asistir». Mientras las sillas sigan siendo ocupadas por representantes alineados y las actas se firmen bajo la sombra del clientelismo, el desarrollo seguirá siendo un concepto lejano.
Recuperar la legitimidad de la participación implica reconocer que las disputas de poder son reales y que fortalecer la autonomía de las organizaciones comunitarias es necesario para garantizar que la participación no solo sea posible, sino vinculante.
