Guatemala vuelve a debatirse entre sus propias reglas y las consecuencias de haberlas desnaturalizado. En medio de la discusión actual sobre la elección de autoridades del sistema de justicia, vale la pena mirar hacia atrás para entender de dónde venimos y por qué llegamos a este punto. Solo así podremos dimensionar la urgencia de corregir el rumbo.
El problema: A raíz de las reformas constitucionales de 1993-1994, todo se vino al suelo, aunque parezca mentira. Dichas reformas, que hemos criticado tantas veces, no solo cometieron el gravísimo error de reducir de cinco a cuatro años el período de gobierno, sino que introdujeron cambios profundos: aumentaron el número de magistrados de la Corte Suprema, modificaron la forma de elegirlos y establecieron que la presidencia de esta dure únicamente un año. Esto terminó por politizar la Corte, pues de inmediato se entra en dinámica de campaña: quién será reelecto y quién se posiciona para presidirla.
En el tema que hoy tiene ocupado al país, la figura del Fiscal General de la Nación –jefe del Ministerio Público– y la del Procurador General de la Nación eran originalmente una sola, electa directamente por el Presidente de la República. No solo se separaron ambas funciones, sino que se creó un mecanismo mediante el cual una comisión propone una lista de candidatos para que el Presidente escoja de ella. Este modelo nunca fue la intención de la Asamblea Nacional Constituyente.
De la que nadie habla nunca, hablo de la lista nacional que no tenía papeleta. En lugar de la papeleta eran los representantes del candidato a la presidencia, la cantidad de votos, el porcentaje de votos que obtenía el candidato a la presidencia en su papeleta, daba el porcentaje de diputados de lista nacional que entraban al Congreso. Se convertían en diputados de partido, lo que en la actualidad casi no existe. Thelma Cabrera en su última participación estuvo en los primeros lugares y sin embargo sólo llevó a una diputada, nadie la representaba, porque esta diputada era diputada de distrito.
¿Qué pasó? Ya lo hemos hablado infinidad de veces: las Comisiones de Postulación tienen su origen en el tiempo del general Efraín Ríos Montt, cuando se creó un Consejo de Estado integrado por distintos sectores. Este propuso veinte nombres, de los cuales se eligieron cinco para conformar el primer Tribunal Supremo Electoral, que convocaría a la Constituyente. Así se inició un proceso que buscaba ser transparente, democrático y representativo. El problema no era el mecanismo, sino su expansión sin control. Lo que nació como un filtro técnico terminó convertido en un espacio de negociación política, donde los intereses desplazaron la idoneidad.
De ahí surgió la idea de crear comisiones pequeñas y representativas para ciertos cargos. No eran tan grandes ni complejas como ahora, ni todos los puestos dependían de ellas. La Constituyente reconocía la carrera judicial y, al mismo tiempo, daba espacio a la Universidad de San Carlos como representación académica, equilibrada con el sector privado organizado a través del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Era un intento de pesos y contrapesos.
Aquí lo que nos ha convocado durante varias semanas, y que incluso motivó invitar al ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana a mi amiga, maestra y compañera de mil batallas, la licenciada Catalina Soberanis —constituyente, ministra de Trabajo y expresidenta del Congreso—, fue entender el origen de estas comisiones y cómo una idea bien intencionada perdió el rumbo. Se convirtió en un laberinto que abre espacio a interpretaciones convenientes de la ley y a mecanismos para evadir sus propios límites.
NO SE VALE que aceptemos que el sistema ya caducó y no hagamos nada. No solo fue cooptado, sino que se convirtió en un esquema que no responde al espíritu de la Constituyente. Podríamos citar muchos ejemplos, pero los más graves son los que afectan la administración de justicia. Normalizar este deterioro es parte del problema: implica aceptar como inevitable lo que es resultado de decisiones políticas concretas.
¡Ya es hora! De que sin tantas vueltas, debemos estudiar y presentar reformas constitucionales en esta materia. La Ley de Comisiones de Postulación buscaba transparentar procesos y elegir a los más idóneos. Hoy, con honestidad, debemos reconocer que ya no cumple su propósito. Pero reconocerlo no basta: se requiere voluntad política y ciudadanía activa. Si no actuamos, seguiremos repitiendo el mismo ciclo sin resolver el fondo.
Que nos duela ver que la población tiene miedo, que existe poca credibilidad y que muchas personas se sienten intimidadas para participar en política o impulsar cambios, sin recordar que en el pasado enfrentamos condiciones aún más difíciles: violencia, miedo, ausencia de confianza y falta de libertad de expresión. Que ese dolor nos mueva a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
