En abril de 2015, el Ministerio Público (MP) dio a conocer uno de los casos de defraudación más emblemáticos del país, conocido como La Línea, liderado por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti quienes en 2022 fueron condenados a 16 años de prisión. Sin embargo, cuatro personas implicadas en el proceso aún tenían que esperar una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) para definir su futuro legal.
Este miércoles 22 de abril, el Juzgado de Mayor Riesgo B, dio paso a una audiencia en la cual, tras una orden de la CC, Mónica Patricia Jauregui, Anthony Segura, Giovanni Marroquín Navas y Delfino de Jesús Morataya, deben ser enviados a juicio por el delito de caso especial de defraudación aduanera.
En este caso, el exjuez Miguel Ángel Gálvez dictó el sobreseimiento por este delito al no encontrar indicios suficientes que hicieran creer que estos pudieran cometer ese delito y sobre todo porque el perfil de estos no cuadraba con las acciones reprochadas por la fiscalía, por lo que solo los envió a debate por los delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita, mismos por los cuales ya fueron juzgados.
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Después de todo el proceso de impugnación respectivo, las cortes dieron la razón al MP, situación por la cual ahora el juez Eduardo Orozco debe dar cumplimiento a las órdenes para que estos diluciden su situación legal ante un tribunal y sea este el que determine si son culpables o inocentes.
En la acusación que sostiene el MP, se asegura que estos, bajo el cobro de sobornos, permitieron el ingreso sin registro de diversos productos para beneficiar a importadores que con sus pagos ilícitos enriquecían a la estructura denominada La Línea.
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De momento, solamente se espera que se designe el tribunal que conocerá el juicio y que los implicados diluciden su situación legal.
