Guatemala atraviesa un momento en el que distintos espacios de poder reflejan una misma constante: la resistencia a perder el control. Lo que debería ser la normal alternancia democrática se enfrenta cada vez más a prácticas que buscan distorsionar los procesos institucionales. En este contexto, la Universidad de San Carlos de Guatemala se ha convertido en un ejemplo particularmente preocupante.
El problema: Intentaron ganar las elecciones en el Colegio de Abogados logrando la exclusión de ciertos votantes, pero no lo lograron, en este proceso vinculado a la Corte de Constitucionalidad, el nivel de presión fue tal que la persona electa se vio obligada a asumir el cargo en horas de la madrugada, en un contexto de tensión e incertidumbre jurídica.
En el Tribunal Supremo Electoral, se dejó fuera a perfiles altamente calificados —o al menos ampliamente reconocidos—, aunque el resultado aún mantiene nuestra esperanza. Como recordarán el año pasado no ocurrió lo mismo con la Corte Suprema de Justicia, donde se terminó eligiendo, en gran medida, a los mismos de siempre.
Ahora, se impulsa la exclusión de candidatos mediante criterios cuestionables, como no reconocer el ejercicio de la judicatura como práctica profesional válida, particularmente en el marco de la elección del próximo Fiscal General. En el Congreso de la República, las presiones han sido evidentes, así como la confusión en procesos clave, especialmente el proceso relacionado con la Corte de Constitucionalidad.
¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? La respuesta parece evidente: no quieren perder el poder que han utilizado para incidir en el rumbo del país.
En esta ocasión, en el episodio de ROBERTO ALEJOS PODCAST, preferí no tener entrevistado y enfocarme en un análisis propio de la coyuntura, poniendo especial énfasis en lo sucedido en la Universidad de San Carlos, un caso que resulta, sin exagerar, vergonzoso.
¿Qué pasó? Walter Mazariegos, quien ya había alcanzado la rectoría en un proceso ampliamente cuestionado —marcado por la exclusión de votantes—, vuelve a consolidar su posición mediante mecanismos que, aunque revestidos de formalidad, resultan profundamente cuestionables y repugnantes.
Habiendo ocupado previamente una posición clave en la entidad que autoriza a universidades privadas, construyó una red de influencia significativa. Esto le permitió incidir en estructuras que posteriormente participan en comisiones de postulación y otros espacios de decisión.
En esta nueva etapa, se dejó fuera a electores previamente acreditados, quienes, tras ser cuestionados en instancias jurisdiccionales, confiaron en poder resolver su situación. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario les impidió participar, alegando asuntos pendientes.
La elección fue trasladada a Antigua Guatemala, dificultando la participación estudiantil. A esto se suma un clima de temor: estudiantes preocupados por sus cursos, evaluaciones o procesos de graduación, y docentes bajo la amenaza de no ser recontratados.
NO SE VALE que la reelección se sostenga en prácticas de dudosa legalidad, aunque se presenten como formales, erosiona la legitimidad institucional. La utilización de espacios privados para restringir el acceso —bajo el argumento del derecho de admisión— evidencia un diseño estratégico que no puede ignorarse.
Más allá de las afinidades políticas que algunos quieran atribuir, lo cierto es que el control de la Universidad de San Carlos representa un poder significativo: es la única universidad estatal, cuenta con presupuesto constitucional, goza de autonomía, tiene iniciativa de ley y participa en múltiples espacios de decisión nacional.
¡YA ES HORA! Es momento de decir basta. Sí, hay miedo. Miedo en estudiantes, en catedráticos y en distintos sectores. Pero también es necesario recordar que hubo generaciones que enfrentaron riesgos y pagaron consecuencias mucho mayores para construir la democracia que hoy tenemos.
El sector universitario, históricamente, jugó un papel fundamental en ese proceso. Esa memoria debería ser un punto de partida para recuperar el sentido de responsabilidad colectiva.
Hoy, muchos estudiantes lo dicen con claridad: su prioridad es graduarse, trabajar y sostener a sus familias. Esa realidad refleja la profundidad de la necesidad en el país. Sin embargo, esa misma necesidad no puede convertirse en un factor de inmovilidad. Una táctica o técnica que se viene usando desde hace mucho tiempo la del temor y la de aprovecharse de la necesidad de la población, una necesidad provocada. Tema en el que más adelante tenemos que profundizar, porque por ejemplo, los constituyentes no queríamos y no aprobamos la reelección de los alcaldes precisamente para que su trabajo no fuera clientelar a base de regalos para satisfacer necesidades. Un Tema de varios relacionados con las terribles reformas constitucionales del 93 que incluyen esta catástrofe en la elección de nuestras autoridades.
Que nos duela reconocer lo bajo que hemos caído y la gravedad del momento que enfrentamos, donde la impunidad y el descaro parecen no tener límites. Que ese dolor nos impulse a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
