POR VIRGINIA CONTRERAS
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El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que la Intendencia de Fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) está teniendo acceso a la información que dé cuenta si las revelaciones de la investigación periodística Panama Papers son consistentes en algunos otros casos que estén investigando o que den indicios de defraudación.
En tal sentido el funcionario detalló que se está solicitando la reforma legal sobre el acceso a la Información Bancaria, con el objetivo de que al aparecer una información que emita indicios de que alguien estuvo moviendo grandes cantidades de dinero o empresas que no son consistentes con su tipo de negocio, la SAT pueda asistir ante un juez y de esa manera solicitar los movimientos bancarios de la empresa radicada en el país y las offshore.
“De esta forma se podrían realizar las investigaciones prontamente y dar seguimiento a los recursos financieros que se están utilizando”, explicó.
A decir de Estrada, este acceso también permitiría firmar tratados que crucen y compartan información de otros países y así, los representantes de la SAT obtuvieran datos sobre los contribuyentes y cuentas bancarias en su jurisdicción.
“En este tipo de casos lo más importante es seguirle el rastro al dinero, puesto que las personas deben demostrar de dónde proviene. Pero si no se tiene acceso a saber cuáles son los montos que se movilizaron, la autoridad tributaria esta con las manos atadas”, dijo el representante del Minfin, y recalcó que a su criterio lo más importante es realizar la reforma sobre el Acceso a la Información Bancaria.
El Ministro enfatizó en que de encontrarse casos criminales será la Intendencia de Verificación Especial (IVE) quien deba darles seguimiento y de ser casos de corrupción se entenderá con ellos el Ministerio Público (MP).
Por su parte Julia Barrera, portavoz del MP, señaló que competería a esa institución determinar el origen de los recursos que se están moviendo en una offshore, en el sentido de si son lícitos o no, al momento de obtener el nombre de algún guatemalteco.
El pasado mes de abril, en una citación legislativa el intendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano, informó sobre la existencia de 161 offshore en el país, y aseguró que esas entidades tenían un control de transparencia.
Sin embargo, Solórzano admitió ante Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que desconocía cuántas de éstas se encontraban fuera del territorio nacional, por no tener un convenio de verificación de datos con otros países.
