*Julio Roberto Bermejo González
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En publicación anterior (La Hora, 4 de septiembre de 2015) señalábamos: “elemento importante que debe concurrir en todo funcionario, dignatario, magistrado, juez y en todo empleado público, es la honradez y esto debe entenderse como una cualidad del hombre probo y es probo el que tiene una rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad en su accionar público, honorabilidad, reconocimiento y estima social, (artículo 4º. De la Ley de Probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos).” Todo lo expuesto está sustentado en los valores y principios éticos y morales que tenga la persona y por ello señalamos también que no correspondía celebrar elecciones en 2015 porque resultarían nuevamente electos los mismos diputados que en forma tan clara y significativa han deshonrado al Congreso de la República. Los hechos nos dieron la razón, fueron reelectos 87 diputados y los restantes surgieron no de una escogencia transparente dentro de los partidos políticos, sino integraron las planillas los que compraron las casillas en las que los colocaron los caciques de los partidos políticos. Los hechos recientes y el fenómeno de transfuguismo que se produjo nos evidencian que la clase política no se ha corregido y los partidos políticos están muy lejos de ser los adecuados intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno.
El Congreso de la República integrado por los personajes obscuros que fueron electos, con contadas excepciones, se instaló y de inmediato empezaron a surgir las informaciones sobre plazas fantasma, plazas innecesarias y sobrepagadas, viajes injustificados, personal excesivo a servicio de la mayoría de diputados (diputados con hasta veinte empleados a su servicio). De la corrección de estas irregularidades poco se ha sabido y muy poco ha sido corregido.
Al Congreso de la República le correspondió elegir a los magistrados de las Cortes de Apelaciones y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dentro del marco de la corrupción y la impunidad que caracterizan a los tres poderes del Estado y que en forma tan evidente se manifestó a partir del año pasado; así, una nueva situación se planteó: La elección por el Congreso de la República de los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. Quedó en evidencia que el mecanismo para su elección fallo rotundamente. Las Comisiones de Postulación actuaron con una parcialidad extraordinaria, ya que integraron las nóminas con algunas personas moralmente solventes e idóneas y además, con muchas otras no moralmente solventes ni idóneas. La elección la realizó el Congreso de la República y de inmediato surgieron las primeras expresiones negativas: Bufete de la impunidad, sobornos a jueces, enriquecimiento de jueces sin justificación; y lo más grave: Elección de la Corte Suprema de Justicia integrándola con personas sindicadas de graves irregularidades éticas y morales como personas. No es el momento de discurrir sobre el principio de inocencia, porque ésto siempre debe respetarse, lo importante es que si a algún Magistrado se le formulan sindicaciones de posibles delitos no es razonable que so pretexto del principio de inocencia sigan actuando como miembros de la Corte Suprema de Justicia y poniendo con ello en entredicho la imparcialidad y la objetividad que deben caracterizar la actuación de un Magistrado. No es aceptable que una Magistrada cuyo hijo está siendo procesado por un delito grave, siga en funciones con riesgo evidente de poder influir en las decisiones de otros jueces. Lo mismo sucede en el caso de dos magistrados más, a quienes se les ha sindicado de haber tenido actuaciones irregulares en el caso TCQ relacionado con el usufructo de áreas en Puerto Quetzal. Le ética nos señala que estos magistrados deben renunciar porque si siguen desempeñando el cargo comprometen la imparcialidad de la Corte; ésta, característica de una administración de justicia responsable. Hay países en los que la sola duda sobre el actuarético del funcionario determinaría la renuncia del mismo; sin embargo, ello aquí no sucede.
La Corte Suprema de Justicia está por resolver un antejuicio de 8 o 10 diputados y el Congreso de la República también tiene pendiente de resolver un antejuicio contra dos 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia relacionados con el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Sería absolutamente criticable y deshonesto que la Corte Suprema de Justicia declarara sin lugar los antejuicios de los diputados y en correspondencia el Congreso de la República también declarara sin lugar los antejuicios de los 2 magistrados. Si esto sucede, se pondrá en evidencia una vez más la crisis del sistema político y del sistema de administración de justicia y ello explicará el por qué debe reformarse el sistema político y el por qué el Congreso no debe tener como facultad el elegir a los magistrados de la Corte de Apelaciones y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Doctor en Derecho*
