El proyecto de una cárcel de máxima seguridad en Guatemala ha atravesado diversos obstáculos e intentos que no han funcionado, entre cambios de ubicación, decisiones políticas y rechazo de la sociedad.
La megacárcel, el proyecto que el Gobierno de Arévalo ha anunciado y reformulado en varias ocasiones y cuya construcción está prevista a partir del próximo 1 de abril, ha sido recientemente rechazado por el municipio de Morales, Izabal, donde se planea edificar.
Autoridades locales y comunitarios moralenses manifestaron su oposición a la construcción del penal que el Ejecutivo anunció desde octubre de 2025.
El alcalde Maynor Portillo afirmó que no fue notificado oficialmente por el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio de la Defensa (Mindef) ni por el presidente Bernardo Arévalo y advirtió que la obra “afectará la seguridad” y el desarrollo económico del municipio.
También indicó que líderes comunitarios analizan manifestaciones y bloqueos para presionar la suspensión del proyecto.
Esta obra se iniciará el 1 de abril y tendrá un costo estimado de Q500 millones, según el titular del Mindef, Henry Sáenz. Será ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, que edificará el penal desde cero, en lugar de remozar instalaciones como se hizo con la cárcel de Renovación I.
Ante lo expresado por el alcalde moralense, La Hora consultó al Mingob para conocer su postura al respecto; sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido respuesta.
DE PETÉN A IZABAL, UN CAMBIO POR OBJECIONES
Antes de situarse en Izabal, el proyecto estaba previsto para el departamento de Petén, específicamente en el Centro Preventivo de Santa Elena, que en 2025 estaba siendo remozado para convertirse en la prisión denominada «Renovación II».
El plan contemplaba terminar las obras en diciembre de ese año y aprovechar la infraestructura existente, construida en 1982 y declarada centro preventivo en el 2000.
Sin embargo, durante una citación en el Congreso, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, que recién había asumido el cargo, anunció que el penal no se construiría en ese municipio.
“La cárcel no se va a construir en el Petén, sería un despropósito poner una cárcel de máxima seguridad en un área turística”, afirmó, argumentando razones de seguridad estratégica y desarrollo regional.
Tras esa declaración, el diputado petenero César Fión agradeció públicamente la decisión, evidenciando el rechazo político local que también enfrentaba el proyecto en esa región.
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RECHAZO DESDE LOS AÑOS 60
La resistencia a instalar centros penitenciarios de gran escala en Petén ya había ocurrido en la década de 1960, cuando el Estado intentó establecer allí una de las denominadas granjas penales para descongestionar la antigua Penitenciaría Central de la capital.
El acuerdo gubernativo del 25 de marzo de 1963 contemplaba trasladar parte de la población reclusa a ese departamento, pero la propuesta generó oposición política y social y fue derogada el 29 de junio de 1966.
Durante el gobierno del presidente Enrique Peralta Azurdia, el plan se redirigió a otras regiones y se construyeron entonces las granjas penales de Pavón, Cantel y Canadá, mientras Petén quedó fuera del proyecto.
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CÁRCEL DE MASAGUA, OTRO PROYECTO ATRASADO
Desde inicios de 2025, el Sistema Penitenciario (SP) anunció atrasos en la construcción de la cárcel de máxima seguridad de Masagua, en Escuintla, proyecto que se originó en la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
El exdirector del SP, Sergio Vela, reconoció entonces que el proyecto debió iniciarse desde 2024, pero esto no había sucedido por rechazo social y obstáculos administrativos.
«Vamos finalizando los temas de prefactibilidad, para que nos autoricen la construcción, y seguimos en comunicación con la comunidad de Masagua para tener el visto bueno. Debimos iniciar el año pasado (2024), pero por atrasos que no teníamos contemplados, esperamos este mes iniciar, a más tardar en marzo», recordó Vela.
El funcionario explicó que siguen en pláticas con los vecinos y las autoridades del lugar, que han mostrado resistencia a la cárcel en ese lugar, para llegar a un acuerdo y que sea de beneficio para ambas partes.
En agosto de 2025, el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, declaró que se buscaba que el proyecto fuera reubicado debido a dificultades para ejecutarlo en Masagua.
Según Jiménez, el lugar donde se construiría acabó siendo ocupado por pobladores que se oponían al proyecto, y aunque fueron desalojados, la resistencia comunitaria se mantenía. Sin embargo, aclaró que el conflicto con la comunidad no era el obstáculo principal entonces.
“El inconveniente ya no es con la comunidad ni con la municipalidad, eso se resolvió mediante diálogo. El verdadero problema es de carácter legal y técnico: se trata de un conflicto histórico de medición y registro de tierras, derivado de la antigua reforma agraria. Este problema impide la obtención de licencias y debe resolverse judicialmente”, explicó.
El 27 de enero de 2026, el ministro de Gobernación, Marco Villeda, expresó que el proyecto se retomaría y se prevé que sea finalizado en 18 meses.
El funcionario aseguró que en noviembre de 2025, sin precisar la fecha, se logró desentrampar la fase de preinversión, luego de diferentes problemáticas jurídicas, así como sociales de la construcción en el municipio.
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ANTECEDENTE DE DISTURBIOS POR RECHAZO DE CÁRCEL
En 2016, vecinos de Villa Nueva protagonizaron una manifestación en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en rechazo de la construcción de una cárcel que el Ministerio de Gobernación planteaba efectuar en dicha jurisdicción.
La Policía Nacional Civil (PNC) intervino luego de algunas horas del bloqueo que paralizaba el tránsito. Agentes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que acabó retirándose, pero que momentos después se reagrupó y acabó en un enfrentamiento violento con la policía.
La cárcel que pretendía construirse en ese municipio, según el Acuerdo Gubernativo 135-2016 del 12 de julio de ese año, establecía que se otorgaba un terreno al Ministerio de Gobernación para el funcionamiento de un Centro de Reinserción.
Este, según se lee, estaría ubicado en el km 21.5, en Bárcenas. Tras hacerse esto público, la población villanovana rechazó el proyecto.
