Mientras escucho, sin querer, una conversación entre una mamá y su hija que recién ha ingresado a la Universidad de San Carlos, Usac. La hija le dice: «No tuvimos clase, mama. Nos sacaron los encapuchados a las ___ menos cuarto…» No alcanzo a escuchar la hora, solamente sé que la hija es estudiante de una carrera matutina en el campus de la San Carlos en Quetzaltenango. Lo triste es lo que la estudiante dice: «Vieras cómo dejaron el edificio mama, todo tirado, botellas de guaro por todos lados, basura, no puede ser que no respeten…es nuestra Casa de Estudios».
Lo de los «encapuchados» es un problema estructural de la Usac: Una mezcla de una tradición mal entendida con el abuso permanente de bautizos, celebraciones, bacanales, que nada tienen que ver con la educación superior. Muchas autoridades poco pueden hacer porque ellas mismas han sido parte de estos desmanes. Pero ese no es el problema fundamental de la San Carlos. El problema fundamental es un problema compartido con las universidades privadas y es que realmente no están haciendo lo que la Constitución les pide.
La Constitución de Guatemala encomienda a las universidades —públicas y privadas— la formación profesional, la investigación científica, la difusión cultural y el apoyo a la solución de problemas nacionales. Sin embargo, los datos revelan un panorama desolador. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Educación (Mineduc) en sus reportes de 2024, apenas el 5% de la población mayor de 18 años está matriculada en educación superior. En Guatemala, de cada 100,000 niños que inician primaria, solo 12,000 acceden a la universidad, un «embudo educativo» que excluye a ¾ de la población, 75% de los jóvenes son excluidos antes de intentarlo, como detalla el Observatorio de Derechos Económicos y Políticas (ODEP) en su análisis del 2025.
De los estudiantes que pueden entrar a las universidades guatemaltecas, alrededor del 50% abandonan, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo BID y de IESALC-UNESCO. La graduación es aún más crítica. De 2018 a 2022, apenas un estimado del 10% de matriculados se graduaron. O sea, tanto en la universidad pública como en las privadas el ingreso es bajo, el abandono alto y la graduación bajísima. Esto lo he explicado yo en varios artículos: Es debido a una oferta impertinente de licenciaturas largas (Derecho a la cabeza, con tiempos de graduación que oscilan en 15 años), falta de apoyo y a una visión elitista de la educación universitaria.
Pero si la docencia está mal, la investigación está peor. Casi no se hace investigación en las universidades guatemaltecas, exceptuando contados casos. En la Usac hay investigadores, pero el presupuesto de investigación es bajísimo. Para el 2025 se destinaron 22 millones de quetzales aproximadamente, según Acta No. 24-2024 de sesión ordinaria, celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 28 de noviembre de 2024. Esto es, ni el 1% del presupuesto va para el fondo de investigación. Universidades privadas como la Universidad del Valle de Guatemala hace alguna investigación, así como la Universidad Rafael Landívar, las demás hacen mínimos de investigación.
A nivel latinoamericano la Universidad de San Carlos se encuentra en puestos intermedios del QS World University Rankings a nivel de América Latina. Sin embargo, la última década la Usac ha descendido del puesto 150 al 191, un deterioro innegable a juzgar por los indicadores de dicho ranking. Junto a eso se hace referencia a su debilidad en investigación. Lo mismo pasa a nivel nacional donde el país apenas invierte el 0.04% del PIB en investigación científica y tecnológica.
El involucramiento de las universidades en la elección de altas cortes y Comisiones de Postulación, establecido en la Constitución de 1985, ha demostrado ser un fracaso. Han sido décadas donde los rectores y decanos se han enfocado en hacer politiquería en lugar de mejorar el acceso, la permanencia, la graduación en sus universidades y de proponer carreras cada vez más pertinente, así como mejorar los débiles sistemas de investigación de sus universidades. El colmo ha sido que hay universidades que han nacido exclusivamente para formar parte de las Comisiones de Postulación.
El ejemplo más reciente fue la forma en que quedó conformado el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, gracias a la manipulación de la Universidad Nacional y de algunas privadas que dejaron magistrados con tachas tanto nacionales como internacionales, poniendo en peligro la forma en que futuras elecciones se realizarán en el país.
Para revertir esto, tanto el fracaso del modelo universitario elitista, así como el agotado pseudomodelo político de elecciones de segundo grado, urge un replanteamiento profundo, respetando la autonomía universitaria, pero eliminando su rol en Comisiones de Postulación —una reforma constitucional viable vía el Congreso que cambie ya el agotado sistema de las Comisiones de Postulación y que retire a las universidades de este papel. Junto a eso, debe crearse un verdadero sistema nacional de educación pública superior, donde tengan un papel las universidades, pero también donde existan carreras cortas técnicas y tecnológicas pertinentes. Esto es urgente. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
