En la formación del perfil de aspirantes a candidatos a dirigir el Ministerio Público (MP), la Comisión de Postulación aprobó como requisito que aquellos abogados que busquen llegar a ser Fiscal General, no hayan representado o asesorado a personas vinculadas al crimen organizado.
Esta disposición generó un nuevo debate en el seno de la comisión, entre quienes defendían que esto sería vetar la oportunidad de los aspirantes a participar y los que consideran que el Fiscal General tiene que estar alejado de todo tipo de presiones para ejercer sus funciones.
Según explicaron los comisionados, el hecho que un abogado haya defendido u asesorado a cualquiera de estas personas que tienen vínculos criminales serios, podría generar un conflicto de interés al momento de ejercer la persecución penal que le ordena la Constitución, por lo que su objetividad podría verse comprometida.
#AhoraLH | Con 12 votos, la Comisión de Postulación aprobó el impedimento a participar de cualquier persona que haya asesorado o representado a perdonas vinculadas con el crimen organizado, narcotráfico, entre otros delitos.
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— Diario La Hora (@lahoragt) February 10, 2026
Por otro lado, comisionados como Alicia Franco señalaron que esto podría violentar el derecho de elegir y ser electo, pues existían otros mecanismos para verificar la idoneidad del aspirante.
Finalmente, al someterlo a votación, 12 comisionados votaron a favor de establecer este impedimento siendo los únicos comisionados que votaron en contra: Alicia Franco, Arturo Saravia Altolaguirre y Nery Anleu.
Con esta aprobación, el impedimento queda de la siguiente forma:
«Que no haya representado o asesorado en forma habitual a personas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros o contra la administración pública, adopciones irregulares, violaciones a derechos humanos, corrupción o abuso de poder. Se excluye a los abogados que ejercen su función en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP)».
En lo aprobado, los comisionados establecieron que de este impedimento se excluye a los abogados del IDPP, ya que estos son designados a casos por mandato legal y no por decisión propia dada la naturaleza de la institución.
CON FINIQUITO
Esta decisión se une al requisito de presentar el finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC), con el cual los aspirantes deben comprobar que no tienen cuentas pendientes con el Estado de Guatemala.
