La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, habría iniciado las gestiones necesarias para completar el expediente con el que busca postularse a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC). Según fuentes cercanas al proceso, la aspiración de Porras apunta a obtener la designación correspondiente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el próximo periodo de la máxima instancia constitucional.
La funcionaria ha solicitado certificaciones a distintos entes públicos con el objetivo de dejar listo su expediente de postulación, informaron a La Hora distintas fuentes cercanas a este proceso administrativo.
Fuentes con conocimiento del tema, pero que pidieron no ser citadas por nombre, explicaron ayer que los magistrados en la CSJ estaría evaluando este año designar de forma directa al magistrado titular y su suplente de la CC, contrario lo que se hizo en los procesos anteriores cuando se optó por un procedimiento público de postulación mediante la evaluación de expedientes de los aspirantes.
El eventual movimiento de Consuelo Porras ocurriría luego de dos periodos consecutivos al frente del MP, a los que Porras llegó por designación de los entonces presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Este último fue sancionado por Estados Unidos por corrupción y mantiene un amplio abanico de denuncias que permanecen sin avances sustantivos en la Fiscalía.
De concretarse la postulación, Porras aspiraría a integrar el máximo tribunal constitucional del país, cuyo relevo debe producirse en abril próximo.
No sería la primera vez que la actual fiscal general ocupa un cargo en la CC. En 2016, el pleno de la Corte Suprema de Justicia la eligió como su representante para fungir como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad durante el periodo 2016-2020. Esta vez, la apuesta también sería por medio del pleno de la Corte Suprema, en el que predomina el bloque dominante de magistrados apadrinados por figuras políticas que comparten criterios con Porras.
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SIN POSTURA
La Hora consultó a la Oficina de Información y Prensa del MP: “Tenemos información de que la fiscal general, María Consuelo Porras, buscará una magistratura en la Corte de Constitucionalidad por designación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo tiene previsto presentar su candidatura?”. Hasta la publicación de esta nota este 14 de enero, la institución no respondió a la consulta.
Un día antes, el 13 de enero, Porras fue consultada directamente por este medio sobre la posibilidad de buscar una magistratura en la CC durante la jornada de votación para elegir a los representantes del CANG, ante la comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral. La fiscal general aseguró que, por el momento, no ha evaluado una decisión de ese tipo.
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Al mismo tiempo que corría con prisa hacia su vehículo para abandonar el evento, Porras afirmó que su ocupación es “servirle al pueblo de Guatemala desde el Ministerio Público”, y que en esa labor concentra su tiempo, al ser preguntada sobre eventuales acercamientos con grupos interesados en impulsar su candidatura a la Corte de Constitucionalidad. El periodo constitucional de Porras como fiscal general concluye el 17 de mayo de 2026.
La posible aspiración se da en un contexto marcado por múltiples denuncias que pesan sobre Porras y que no han prosperado dentro del propio MP. Entre ellas figuran señalamientos presentados por exfiscales y exjueces que hoy viven en el exilio, quienes acusan a su administración de impulsar una persecución penal selectiva tras haber investigado casos de corrupción de alto impacto.
Porras goza actualmente de inmunidad; de llegar a la Corte de Constitucionalidad, ese blindaje se extendería por cinco años más.
La Corte de Constitucionalidad actúa como órgano colegiado independiente de los demás organismos del Estado y se integra por magistrados —titulares y suplentes— designados por cinco instancias: el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el pleno del Congreso de la República y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Inicia cuenta regresiva para la integración de la Corte de Constitucionalidad
