Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Durante años nos hemos visto sometidos a la prédica de que el Estado tiene que ser reducido a su mínima expresión porque no tiene que cumplir más que funciones muy específicas en temas como seguridad y justicia, y hoy vemos el resultado de esa satanización que se hizo de lo público cuando nos damos cuenta que un informe de Naciones Unidas ubica a Guatemala como el principal puente para la comercialización de los estupefacientes, superando por mucho al resto de naciones centroamericanas que también sirven para el trasiego de la droga.
La debilidad del Estado ha sido muy útil para muchos que han encontrado en la ausencia de regulaciones y capacidad de aplicar la ley el camino para actuar con la más absoluta impunidad en diversos campos de la actividad nacional. Hemos llegado a un punto tal en el que las leyes nunca se cumplen porque siempre existen mecanismos para burlar sus preceptos y asegurar que mediante componendas de variado tipo se puedan ir haciendo los arreglos necesarios para que quien tiene más saliva, pueda tragar más pinol.
Pero lo que empezó como un conveniente negocio para grupos de poder dentro de la sociedad guatemalteca, permitiendo amasar grandes fortunas, nos está ya pasando una extraordinaria factura, puesto que debido a la debilidad del Estado, causada maliciosamente y con fines perversos, ahora no tenemos capacidad para impedir que grupos criminales del extranjero vengan a aprovechar la gravísima debilidad institucional para operar tranquilamente sin temor a reacciones. Lo que había pasado en Colombia cuando se asentó el poder del narco y no sólo dominó a los pueblos sino que controló la política del país, lo estamos empezando ya a vivir en nuestro medio y las élites no han caído en la cuenta en las consecuencias de su tenaz persistencia para ir adelgazando al Estado hasta hacerlo absolutamente inútil, ineficiente e incapaz de cumplir siquiera con sus fines esenciales.
El efecto de todo ello es que Estados Unidos empezó a sentir que la debilidad institucional de nuestro país se convierte en un potencial riesgo para su propia seguridad interna y han tomado acción. De hecho, hemos pasado de ser un Estado Fallido a un Estado Intervenido en el que nuestra capacidad de actuar con autonomía desapareció porque si antes no se movía la hoja del árbol sin el visto bueno de la Embajada, ahora ya no hablamos de visto bueno, sino de instrucciones precisas sobre lo que se puede hacer y se debe hacer. Y se hace con claridad meridiana y sin tapujos, puesto que no hay ni siquiera interés por disfrazar la intervención sino que hasta se evidencia que hay deseo de que se conozca, que nadie duda de quién manda realmente en el país.
Es una realidad que no podemos ocultar ni negar, mucho menos resistir, pero termina siendo imperdonable que los propios ciudadanos y los grupos de presión nacionales no asuman su papel para garantizar la reconstrucción de nuestra institucionalidad incluyendo los temas de interés nacional. Los de interés de la intervención ya los conocemos y no necesariamente son los mismos que debemos alentar los guatemaltecos en paralelo y por los cuales estamos forzados a trabajar.
