POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

A partir de las propuestas de enmienda del partido oficial FCN-Nación, a las reformas de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que condicionarían las investigaciones del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, analistas aseguran que ahora más que antes el clamor ciudadano debe manifestarse.

Según Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacional de la Universidad de San Carlos, la vigilancia de los ciudadanos debe dirigirse de la misma forma que se ha volcado hacia los miembros del Organismo Ejecutivo, a los miembros del Congreso, en aras del “bien común y de los intereses de la población”.

Un grupo de personas representantes de la sociedad civil manifestarán por la tarde frente a la sede del Organismo Legislativo para hacer ver su inconformidad frente a las decisiones que se discuten en la agenda legislativa.

«Las manifestaciones son resultado de las malas decisiones del Congreso», explica Castillo, a la vez que asegura que este tipo de demostraciones públicas son positivas para la fiscalización a entes públicos.

Jorge Santos, activista de Convergencia por los Derechos Humanos, recuerda que sin independencia, el MP no podría ser efectivo, como ha sido hasta ahora, en las investigaciones de casos importantes como La Línea, IGSS-Pisa, el agua vertida al Lago de Amatitlán, lavado de dinero, redes y política, entre otros casos de alto impacto revelados por CICIG y MP.

“Es importante que la ciudadanía tome conciencia de los alcances de los eventos sucedidos en los últimos meses (movimiento ciudadano) y de la pretensión de hacer retroceder esta iniciativa ciudadana”, asegura Santos.

Además hace énfasis en que por eso resulta fundamental vigilar las decisiones del Congreso y exigir coherencia con la lucha contra la corrupción.

El activista explica que el Artículo número 6 de la ley en mención, de ser modificado, “amarraría de pies y manos al ente encargado de investigación criminal”.

Las reformas que se discuten, explica el entrevistado, fueron parte de una propuesta consensuada y el hecho de que se haya propuesto la enmienda mencionada, demuestra que “la intención del partido oficial y de los que lo apoyan, es hacer retroceder los avances y no permitir que las entidades realicen su labor de manera independiente”.

Finalmente, sugiere que lo más favorable sería buscar el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio Público, una mayor independencia y fortalecer la carrera fiscal.

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