Durante décadas, el deporte guatemalteco fue sinónimo de orgullo y comandaba la región. Sin embargo, eso quedó en el olvido y hoy vivimos en la proclamación de la “autonomía” de las federaciones y asociaciones deportivas bajo el amparo de la Ley del Deporte, pero lo que en realidad han consolidado es una “clica”, complaciente con la corrupción y ajena a la fiscalización.
La autonomía es utilizada por la “clica del deporte” como fachada para cooptar y robar a manos llenas, un presupuesto que debería alcanzar para tener las mejores instalaciones deportivas. Nos convertimos en un sistema corrupto que nos mantiene en el subdesarrollo deportivo.
Se habla de autonomía como si fuera un escudo de pureza institucional. Pero en la realidad, esa autonomía ha servido como una barrera que impide la rendición de cuentas. Con más de 16 mil millones de quetzales ejecutados en más de 26 años, el sistema deportivo nacional no muestra inversión. Peor aún, estamos sumidos en una crisis de representación, resultados y credibilidad.
La “autonomía” ha sido secuestrada. En lugar de servir al propósito noble de blindar al deporte de intereses políticos, ha sido utilizada como artimaña para blindar a directivos y estructuras clientelares. Es un mecanismo perfecto para cooptar federaciones, reciclar liderazgos y mantener privilegios sin rendir cuentas. No sorprende entonces que muchas federaciones estén dirigidas por las mismas personas desde hace décadas, sin renovación ni resultados visibles.
Lo más preocupante es que esta crisis estructural ha empobrecido el potencial de miles de jóvenes talentos, relegando sueños olímpicos al olvido y reduciendo la participación competitiva a casos específicos. Guatemala dejó de ser una potencia regional no por falta de atletas, sino por un sistema que prefiere proteger intereses personales antes que construir un verdadero proyecto deportivo nacional.
Ya es hora de hacer los cambios a esta ley, la autonomía no debe ser sinónimo de impunidad. Se necesita con urgencia una reforma que garantice transparencia, alternancia en el poder, auditoría permanente y, sobre todo, una visión del deporte como herramienta de transformación social, no como un botín político-económico.
Se ha denunciado que algunas federaciones están controladas por familias que reparten cargos entre parientes, incluso colocando a atletas sin méritos deportivos solo por tener “cuello” con los dirigentes. Esto ha marginado a deportistas con verdadero talento y las han convertido en agencias de trabajo.
Un informe de Acción Ciudadana reveló que entidades como la CDAG, el COG y la DIGEF manejan presupuestos millonarios con poca transparencia, no entregan cuentas cuando manejan fondos del Presupuesto General de la Nación. Por ejemplo, en 2025 se asignaron más de Q2 mil 024 millones al sistema deportivo, pero gran parte se destinó a salarios y artículos de baja calidad, en lugar de infraestructura o programas de desarrollo.
Se ha reportado que en competencias internacionales viajan más directivos que atletas. Esto se debe a que existe un dicho entre los federativos y que es: “este es un estilo de vida y no lo vamos a perder”, en referencia a los beneficios que tienen en tema de viajes, viáticos, hoteles, alimentación y transporte.
En el viceministerio del Deporte se han documentado más de 200 despidos en menos de un año, reemplazados por “amigos de confianza” de las autoridades, muchos sin cumplir los requisitos legales para el cargo, por lo que han convertido ese ente estatal en una agencia de trabajo para los amigos.
Cuando los federativos cobran por inscribirse en academias deportivas, entramos en un terreno delicado que roza la contradicción legal y ética. La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte establece que el acceso al deporte es un derecho de todos los guatemaltecos y que las instituciones deportivas tienen el mandato de promover, facilitar y desarrollar el talento deportivo, especialmente desde edades tempranas.
Cobrar por inscribirse entre Q350 y Q400 puede parecer, a primera vista, una forma de financiar actividades o garantizar compromiso. Pero cuando estos cobros se convierten en barreras de acceso, especialmente para niños y jóvenes de escasos recursos, se está incumpliendo el espíritu de la ley. Además, no existe una normativa que autorice a las federaciones a lucrar con el acceso a programas formativos, lo que abre la puerta a prácticas discrecionales y concurrentes abusos.
El argumento de que “lo gratis no se valora” es una justificación común, pero peligrosa. En contextos donde el Estado ya destina recursos millonarios al deporte, exigir pagos adicionales sin transparencia ni regulación son signos de corrupción y negar el acceso a un derecho público. Guatemala necesita más atletas que pongan en alto el nombre del país y no que un puñado de dirigentes engorden sus billeteras, con fondos que son del erario nacional.
