Diego Andrés Morales Alvarado
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La crisis política de 2023 marcó un punto de inflexión en las dinámicas de poder, invitándonos a reflexionar sobre la estructura de nuestro sistema político y su compatibilidad con los principios democráticos. Este año representó un ciclo de creciente gravedad; la persecución política, manifestada a través de la criminalización, se expresó con una intensidad que no se había visto desde el fin del Conflicto Armado Interno. Se cometieron arbitrariedades contra el proceso electoral, y tanto estudiantes como actores políticos fueron criminalizados. A pesar de los esfuerzos de quienes impulsaban la cooptación estatal, el 14 de enero de 2024 el actual binomio presidencial asumió el poder con un aparente control legislativo liderado por el oficialismo en el Congreso, parecía que los días de Consuelo Porras y sus aliados estaban contados.
Estamos en 2025 y lejos de debilitarse, los pilares de la impunidad y la persecución se están fortaleciendo día tras día. Figuras como Consuelo Porras, Walter Mazariegos, Freddy Orellana y otros actores relacionados a la cooptación no solo se mantienen en el poder, sino que han logrado rearticularse y consolidar aún más su hegemonía. La criminalización sigue siendo su forma de operar y casos como el de Eduardo Masaya -abogado de la planilla del CANG “Unidad por la Justicia”- o el de Luis Pacheco -expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán- ejemplifican la nueva fase de revanchismo y persecución.
A pesar de sus intentos, el Presidente no ha logrado destituir a la fiscal general, ni lo logrará; al menos no por la vía legal. No se trata de falta de voluntad, sino de una limitación estructural: el sistema está diseñado para defenderse a sí mismo, y cualquier intento en su contra activa los mecanismos de la institucionalidad cooptada, como la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia.
Consuelo Porras, Fredy Orellana o Walter Mazariegos no son la causa de que sigamos viviendo bajo autoritarismos y represión, son el síntoma; síntoma de un sistema político que está podrido desde la raíz. Bajo la imagen de la democracia liberal y el presidencialismo, existe una estructura legal y política organizada para defender al verdadero poder de Guatemala: El Judicial. La dictadura ya no utiliza la fuerza como medio de coerción, ahora utiliza una interpretación retorcida de la ley para mantener el control. El problema no radica en que ciertos actores se aprovechen de vacíos legales, el problema es que esos vacíos están ahí para ser aprovechados.
Si ellos escogen magistrados, cortes, jueces y al fiscal general, ¿dónde queda el sistema de pesos y contrapesos?, ¿qué futuro le espera a la voluntad y soberanía popular si todos corremos el riesgo de ser criminalizados? La Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia debieron detener las arbitrariedades perpetuadas por el Ministerio Público hace tiempo, pero en lugar de eso ignoran sus flagrantes ilegalidades.
Lo sucedido en 2023 parece responder a un ciclo, pues existen paralelismos con la crisis de 2015. Tras multitudinarias protestas urbanas, la renuncia y la captura del binomio presidencial, un cambio profundo en el sistema político parecía lógico. En lugar de eso, Jimmy Morales llegó a consolidar la cooptación de las instituciones públicas que hoy estamos pagando. No es casualidad que el resultado de ambas crisis haya sido similar, e incluso que la situación se haya agravado en 2023. Nuestro sistema político es incompatible con la democracia, pues no importa cuántas veces cambiemos o escojamos presidentes, mientras los órganos de contrapeso sigan teniendo procesos electorales tan discrecionales y elitistas, el sistema seguirá cooptado sin importar los actores involucrados.
Lejos de ser un mensaje desesperanzador, esta reflexión es una invitación a planificar una mejor organización social y comprender hacia dónde debe estar orienta la crítica. Hoy, mientras las victorias alcanzadas en 2023 se desvanecen, Consuelo Porras y sus aliados —posiblemente Walter Mazariegos— ya tienen la mirada puesta en el próximo año. La conformación de una nueva Corte de Constitucionalidad, la elección del fiscal general y el inicio del año preelectoral marcarán el rumbo de nuestra frágil democracia. Es momento de preguntarnos con seriedad si el sistema político actual puede orientarse verdaderamente hacia la construcción democrática o si, por el contrario, debe ser transformado desde la raíz.
