Campamento STEG cumple 17 días pese a dos amparos

Danny de León
Danny de León

Afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, cumplen 17 días desde que se instalaron en la Plaza de la Constitución con un campamento en protesta al Gobierno de Bernardo Arévalo.

Desde el lunes 26 de mayo colocaron carpas tanto en la Plaza como en las banquetas del Palacio Nacional de la Cultura como medida de presión frente a las decisiones del Ministerio de Educación (Mineduc) a cargo de Anabella Giracca.

El STEG y el Mineduc mantienen negociaciones en torno al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, y mientras las conversaciones sobre acuerdos económicos permanecen sin avanzar, el presidente Arévalo y la ministra Giracca anunciaron un aumento salarial del 5% a los trabajadores del sistema de educación.

Acevedo no aceptó dichas «migajas», como llamó al aumento, y fue entonces que decidió convocar a sus afiliados a un paro de labores a partir del lunes 19 de mayo, lo que una semana después se convertiría en el campamento.

 

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LLUVIAS Y DOS AMPAROS

Pese a que el campamento STEG haya sido notificado por dos amparos, algunos de los maestros permanecen acampando, mientras centros educativos continúan sin impartir clases.

El 4 de junio, la Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer que se les fue otorgado un primer amparo, un amparo provisional, con el fin de que los maestros depusieran las medidas de hecho y regresaran a las aulas.

Se les había dado un plazo de 24 horas para que presentaran un informe con el cumplimiento de lo establecido por el amparo.

El STEG, luego de este amparo, dijo que no significaba que tuvieran que desalojar, y que seguirían con su protesta, esto también pese a las lluvias que han azotado el nylon de las carpas.

Un segundo amparo fue otorgado al ente legal del Estado, para que se abstuvieran de tomar y cerrar establecimientos educativos, o, así pues, también direcciones departamentales.

ACTAS A QUIENES NO LLEGUEN A TRABAJAR

Las autoridades de Gobierno han sido enfáticas en que cualquier ausencia injustificada repercutiría en actas administrativas para los maestros que no asistan a trabajar, las cuales hasta finales de la semana del 6 de junio sumaban cerca de 4 mil.

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