
El Organismo Judicial (OJ) desembolsó más de 40 mil quetzales en la compra de seis cortinas para la Vocalía VIII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cargo del magistrado Igmaín Galicia Pimentel.
La adquisición realizada por la Unidad de Adquisiciones y Servicios del OJ a solicitud de la Vocalía VIII contempló seis cortinas enrollables con las siguientes dimensiones: dos unidades de 3.15 metros de ancho, y cuatro más de 1.30 metros de ancho por 3.40 metros de alto. El color elegido fue gris.
El sistema de operación es manual de las cortinas están compuestas por un 70% de PVC y un 30% de poliéster. Entre sus características técnicas destacan una resistencia a la luz de clase 4-5, un bloqueo de rayos UV del 97% y el cumplimiento de la norma de seguridad contra incendios NFPA-701.
HUBO OFERTA MÁS ELEVADA
La empresa Fábrica de Persianas y Complementos, S. A. resultó adjudicada entre cuatro oferentes. Según la resolución oficial, los otros tres no presentaron muestras físicas o no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas por la unidad correspondiente del OJ al publicar el concurso en Guatecompras, el portal estatal de adquisiciones públicas.
El monto total adjudicado fue de 41 mil 239 quetzales. La oferta más elevada alcanzó los 58 mil quetzales, seguida por la propuesta ganadora. Las otras dos, de 36 y 23 mil quetzales, fueron descartadas por no cumplir con los requisitos técnicos establecidos.

OJ RESPONDE
La Hora intentó obtener una declaración del magistrado Galicia Pimentel y se dirigió a la Vocalía VIII de la CSJ. Sin embargo, no fue posible acceder a él para consultarle si consideraba que la compra representaba un posible gasto excesivo de los recursos del OJ.
En su lugar, fue el portavoz del OJ, Ludwin Villalta, quien respondió a la consulta. «Toda compra que haga el Estado, y especialmente la Corte Suprema de Justicia, debe estar supervisada a través del sistema Guatecompras y cumplir con cada uno de los requisitos establecidos por la Contraloría General de Cuentas», afirmó.
Al ser consultado sobre si la adquisición podía considerarse un despilfarro, Villalta respondió: «Si hubo algún fallo, debe determinarse legal y específicamente. Si esto es caro o no lo es, dependerá mucho de la apreciación, las medidas y las capacidades técnicas».
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