Arévalo habla a Pepa Bueno de una posible salida legal para destituir a Consuelo Porras

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que, tras una revisión jurídica junto a su equipo de abogados, han identificado una vía legal para destituir a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países por corrupción y acciones antidemocráticas.

Sin embargo, admite que desconoce cuál sería la interpretación de la Corte de Constitucionalidad (CC) ante esa acción y si ese movimiento podría ser percibido como un “abuso de autoridad” de su parte.

Las declaraciones fueron emitidas la noche del 24 de mayo, durante una entrevista realizada por la directora del diario español El País, Pepa Bueno, en el marco de la clausura del Festival Centroamérica Cuenta, una iniciativa que promueve la literatura y el periodismo en una región marcada en los últimos años por gobiernos de corte autoritario.

La conversación tuvo lugar en el patio del Palacio Nacional de la Cultura, en la Ciudad de Guatemala.

Un año y medio después de su llegada al poder, con un antecedente marcado por un proceso electoral judicializado por Porras e intentos de anular los resultados de los comicios de 2023 —calificados como un intento de golpe de Estado—, Arévalo afirmó que su Gobierno trabaja en el fortalecimiento institucional.

Sin embargo, advirtió que las “redes político-criminales” que antes controlaban el poder “no cejan en ese empeño”, aunque, según él, se han ido debilitando con el tiempo.

Bueno abrió la conversación con una pregunta directa: “¿Va a poder cumplir su misión?”. Arévalo respondió que su primer objetivo fue impedir que las “élites lograran revertir la voluntad popular expresada en las urnas durante el proceso electoral”, y destacó que “es un mérito del pueblo de Guatemala, de un liderazgo indígena, que se lanzó a las calles y generó ecos en una sociedad que dijo que necesitábamos poner un ‘hasta aquí’”, afirmó.

ARÉVALO DICE QUE TERMINARÁ MANDATO

El presidente no negó a Bueno que, mientras persistan los actuales liderazgos en las instituciones de justicia y en el MP de Porras, la tarea será compleja.

“Vamos a tener que seguir resistiendo esos esfuerzos mientras buscamos generar los resultados que permitan, en la próxima elección, no seguir aceptando votar por partidos corruptos”, advirtió.

La periodista le preguntó si comprendía el desaliento y la frustración de la ciudadanía ante “la lentitud en la recuperación de la democracia” e, incluso, el temor de que “no culmine su mandato”.

La inquietud de Bueno surge por las acciones emprendidas por Porras, quien continúa promoviendo medidas contra el partido Movimiento Semilla, la agrupación que lo llevó al poder, y sus miembros.

Arévalo fue categórico al descartar esa posibilidad. “No, voy a culminar mi mandato. Reconociendo que el Ministerio Público es uno de los focos centrales de este asedio a la democracia, yo voy a nombrar a la próxima —o el próximo— fiscal general. De eso no me cabe duda. Yo voy a terminar este gobierno”, afirmó, seguido de un efusivo aplauso del público que asistió al evento.

“Hay gente que piensa que nosotros estamos actuando tibiamente y que no nos atrevemos a dar golpes de efecto y muy duros. Nosotros tenemos muy claro cuál es el tablero y la correlación de fuerza que está planteada. La esperanza de esas elites es que nosotros cometiéramos algún tipo de error que nos pusiera a merced de estas instituciones y defenestración”, dijo Arévalo.

“SALIDA LEGAL” DE PORRAS

Arévalo, quien durante la campaña electoral prometió remover a Porras —señalada internacionalmente por perseguir penalmente a jueces, fiscales y periodistas que escudriñaron casos de corrupción—, reconoció que haberla destituido podría haber desencadenado precisamente el escenario que ahora busca evitar. “Nos hemos reunido con abogados para ver. Existe interpretación jurídica de que si es posible hacerlo en el marco de la Constitución”, señaló. 

“Pero en un sistema donde hay una Corte de Constitucionalidad, la Constitución —Carta Magna— dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice”, puso sobre la mesa.

Actualmente, Porras no puede ser removida del cargo debido a una reforma a la Ley Orgánica del MP—una norma ordinaria— aprobada en 2016, durante la gestión de la entonces fiscal general Thelma Aldana. Esta modificación impide al presidente destituir al jefe del MP. No obstante, la Constitución —la máxima norma del país— establece en su artículo 251 que sí es posible hacerlo, siempre que exista una causa justificada.

Arévalo explicó a Bueno que actuar sin certeza sobre la interpretación constitucional podría volverse en su contra. “Cometer un acto sin tener la garantía de cuál va a ser la interpretación constitucional es, posiblemente, darles la salida más corta para ponerle fin a este período. Es, sencillamente, colocarse enfrente y que digan: el presidente ha abusado de la ley, del poder y, en consecuencia…”, dijo, dejando en suspenso las posibles consecuencias de una decisión para destituir a Porras.

El período de Porras al frente del ente investigador vence en mayo de 2026. En ese sentido, el presidente Arévalo destacó que “será posible presentar candidatos decentes, capaces de rescatar la autonomía, independencia y objetividad del Ministerio Público”, adelantó.