Los efectos de la violencia son tremendos y tristemente siguen enlutando a muchas familias en el país, a lo que ahora debemos agregar el problema adicional derivado de actos criminales que están paralizando el servicio de transporte público en algunas zonas del área metropolitana, haciendo aún más difícil la vida para miles de personas. Ayer un ataque armado contra una unidad de Transurbano, en la colonia Pinares del Norte, zona 18, a la altura del kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico, dejó como saldo una mujer de 72 años herida de bala, quien fue trasladada a un hospital en estado delicado por los Bomberos Municipales.
Ello produjo una nueva paralización del servicio de transporte. Ya previamente la zona 18 lo había sufrido como consecuencia de acciones similares, pero los empresarios que ahora tienen las unidades, atendiendo llamados de los usuarios, decidieron reanudarlo el pasado jueves 6 de marzo y apenas tres días después ocurrió este otro sangriento ataque en el marco de la ola de extorsiones, por lo que nuevamente suspendieron la cobertura a esa zona.
El presidente Arévalo dijo hoy que desde hace un par de semanas se vienen instalando puestos de control en las áreas más conflictivas y que fuerzas combinadas, de elementos de la PNC y del Ejército, están en carpas que se han colocado para que su presencia sirva de prevención permanente, pero los hechos demuestran que su efecto no se traduce en control de la violencia. Se trata de un problema que viene de muchos años, pues la existencia de las pandillas no es algo reciente ni que haya surgido durante este gobierno, pero es obvio que la falta de control sigue causando problemas, no solo por lo que tienen que pagar diariamente los transportistas que sufren las extorsiones, sino también por la seguidilla de hechos violentos.
La Hora considera que es momento que como país podamos tener una discusión franca y transparente de lo que pueden ser patrullajes combinados entre PNC y Ejército o incluso, acciones necesarias/operativos para retomar el control en zonas en donde las maras (que son un brazo del crimen organizado) tienen pleno control, vía extorsiones que a su vez se orquestan desde las cárceles.
Creemos indispensable que se establezcan políticas de seguridad que eviten ese daño adicional para los usuarios de transporte que necesitan movilizarse diariamente para realizar sus actividades normales y no lo pueden hacer por la falta de buses. En algunas otras zonas se han asignado agentes para que viajen en las unidades, haciendo más efectiva y visible la protección, pero por alguna razón eso no se ha logrado implementar con fuerza en la zona 18 donde viven cientos de miles de personas que, en gran número, dependen del transporte público.
Las fuerzas combinadas tienen que estar mucho más alertas y ágiles para movilizarse y no basta con colocarlas bajo carpas de campaña porque los delincuentes les toman fácilmente la medida. El patrullaje tiene que ser activo y cubrir distintas áreas para evitar que los maleantes encuentren zonas en las que pueden extorsionar fácilmente o, peor aún, ejecutar acciones violentas que terminan cobrando vidas.
