Para este jueves 23 de enero, la Sala Tercera de Apelaciones Penal, tenía previsto realizar una audiencia en la que se conocería la recusación que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) interpuso en contra de la juez A del Juzgado Quinto Penal, Judith Secaida, para que deje de conocer el caso Acuerdos Fraudulentos, pero la misma se suspendió.
Según explicó el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, la misma se suspendió porque no todas las partes se presentaron, por lo que ahora esperan que los magistrados fijen una nueva fecha para discutir la petición a la cual, el Ministerio Público (MP) planea apoyar.
Curruchiche aseguró, que comparte la postura de la FCT porque dudan de la imparcialidad de la juzgadora, luego que esta aceptara que una de las personas que es perseguida por este caso, compareciera ante esta utilizando un mandatario y bajo una declaración jurada.
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«Obviamente, las personas que tienen orden de aprehensión deben resolver su situación de forma personal; sin embargo, nosotros consideramos que ese es un motivo, ya dudamos de la imparcialidad que pueda tener la señora juez», recalcó el fiscal.
El jefe de la Feci, no especificó a quienes de los implicados se refería, pues en este caso se han girado ordenes de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana, el exjefe de esa fiscalía Juan Francisco Sandoval, así como exauxiliares y personas particulares.
EL CASO
En este proceso, la Feci asegura que durante el trámite del caso Odebrecht, las anteriores autoridades de la fiscalía cometieron irregularidades al momento de firmar los acuerdos de colaboración eficaz con tres personeros de la constructora brasileña Odebrecht, hechos que fueron señalados por la FCT y de los cuales la actual Feci inició las diligencias.
Actualmente, se han girado cerca de ocho órdenes de captura y se ha citado a otras personas vinculadas, pero tras una serie de recusaciones y recursos, el caso se ha atrasado el mismo.
DUPLA SINI-BALDI
En este mismo caso, la juez Secaida aceptó que tanto el exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial Manuel Baldizón, sean querellantes dentro del caso.
Según explicaron sus abogados, ambos se sienten afectados por los señalamientos que se vertieron en su contra durante el caso en donde se les acusó de haber recibido sobornos para así financiar sus campañas electorales en el año 2015.
Sin embargo, luego que la juez Abelina Cruz cerró los casos a su favor, estos decidieron convertirse en denunciantes de los fiscales que los investigaron.
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