Obviamente la corrupción se ha extendido por todos lados y lo extraño sería encontrar algo dentro de la administración pública que haya permanecido inmune a esa forma tan generalizada de operar. El pasado 30 de octubre publicamos una nota sobre la existencia de una red de trabajadores de la Dirección General de Transporte, instalada desde hace años en la institución, que cobra sobornos a transportistas que tramitan permisos para operar. En la nota publicada en La Hora se decía que una fuente cercana a la institución confió a este medio que esa red es poderosa y puede rotar al personal de su confianza en los puestos clave.
Concretamente la fuente habló de cargos de confianza, señalando la Secretaría General, jefatura de Recursos Humanos así como puestos de oficiales y asesores del anterior director, agregando que la mayoría está sindicalizada y eso dificulta tomar medidas correctivas.
Ayer agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes en la DGT para realizar una investigación de las denuncias presentadas por la misma Dirección General tras haber comprobado la existencia de licencias falsas que se venden en forma exprés e ilegal. El caso parece haber sido debidamente documentado, aunque ello no permite de inmediato tomar las medidas necesarias por la existencia de empleados señalados que forman parte del sindicato que habrá de protegerlos.
La denuncia pública fue atendida tanto por la Dirección General de Transporte como por la Policía Nacional Civil y ahora falta ver si en este caso el Ministerio Público también será Consuelo de los operadores de la corrupción y como Ángel guardián de quienes se dedican a enriquecerse mediante acciones ilícitas en el desempeño de funciones públicas.
Porque es obvio que una investigación seria y profunda permitiría no solo la remoción de los sinvergüenzas sino también su encausamiento penal por los delitos cometidos tanto al falsificar las licencias como al venderlas a transportistas que no llenan los requisitos de ley.
Este es otro caso que confirma las terribles implicaciones que tiene la corrupción porque es muy alta la cantidad de accidentes de tránsito mortales en los que se ven involucradas empresas de transporte que, en muchos casos, operan gracias a que pudieron encontrar a los empleados dispuestos a venderles esos permisos en forma exprés.
Alienta ver que hay funcionarios que están interesados en desmantelar las redes que operan en la clandestinidad para su propio enriquecimiento; ya vimos que la Directora General, Elizabeth Velásquez, habló de cómo ella respondió a las denuncias formuladas iniciando las primeras investigaciones que permitieron detectar las cajas fuertes en donde se almacenaban los permisos disponibles para la venta y, además, pidió a los transportistas no comprar esas licencias.