La directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del Movimiento Semilla, Ligia Hernández, decidió acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos dentro del caso por la falsificación de firmas para la creación del partido político con el que fue electa como congresista.
“Esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado, y a la luz de los hechos, pareciera no cambiar pronto”, afirmó la jefa del Instituto de la Víctima en un comunicado compartido este lunes.
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— Ligia Hernández Gómez (@LigiaIHernandez) November 12, 2024
Según explicó la exparlamentaria de Semilla, decidió acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, no como un acto “egoísta”, sino como un acto de justicia y “amor” ya que busca proteger y salvaguardar su vida, la de sus hijos y su compromiso con el servicio público.
Tras aceptar cargos, el Juez Fredy Orellana decidió condenar a Hernández a un año de prisión conmutable y una multa de Q10 mil, pero fue beneficiada con la suspensión de la pena impuesta.
SALE DE PRISIÓN
Juan José Zaghi, abogado de Hernández, confirmó a La Hora que salió de prisión tras aceptar los cargos. “Se le impuso una pena, por cada delito, de 6 meses, porque (…) la aceptación de cargos reduce la pena y una multa de Q10 mil”, afirmó.
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A su vez, afirmó que se solicitó la suspensión de las penas, lo cual fue aceptado por el juzgador. “Ella queda condicionada por un plazo de 3 años, es decir si ella vuelve a cometer algún delito pues todos estos beneficios se le retrotrae, se le quitan”, afirmó.
Según afirmó el profesional del derecho, de incurrir nuevamente Hernández en delitos, tendrían que pasar 6 meses en prisión, así como pagar Q10 mil de multa.
“Es la condición, queda condicionada a que no puede cometer ningún otro delito, en el transcurso de 3 años, y por su buen comportamiento”, agregó.
De acuerdo a Zaghi, la jefa del Instituto de la Víctima decidió aceptar cargos por el delito de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos.
HERNÁNDEZ: NADA HA CAMBIADO
En su cuenta personal de X, Hernández afirmó que luego de 90 días de estar privada de libertad, decidió enfrentar el proceso de aceptación de cargo, con la “frente en alto, sin miedo y defendiendo la verdad”.
“Aun así, luego de este tiempo, me encuentro desolada, deprimida y enferma. Cada minuto en prisión es una tortura y finalmente llegué a mi límite. Esperé con entereza que las condiciones políticas fueran distintas, pero nada ha cambiado y, a la luz de los hechos, pareciera no cambiar pronto”, afirmó.
Hernández afirmó que ante un panorama sombrío, tomó la difícil decisión de acogerse en el procedimiento de aceptación de cargos, no como un acto “egoísta”, sino como un acto de justicia y amor para proteger y salvaguardar su vida, sus hijos y el compromiso que tiene con el servicio público.
De esta cuenta, agradeció el respaldo incondicional de sus hijos, que siendo aún niños comprendieron la situación, a sus padres, hermanos, abuela, amistades, así como organizaciones de mujeres y personas que le acompañaron y exigieron justicia desde el primer día de “esta pesadilla” que hoy termina.
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“Mientras tanto, hoy recupero mi libertad con la conciencia tranquila y convencida de que el horizonte aguarda nuevas oportunidades para luchar por un futuro próspero para nuestro país. Guatemala ya tiene suficientes mártires y yo no seré una más”, concretó.
ESTO OCURRIÓ
El pasado 13 de agosto, Ligia Hernández anunció que por solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, el Juzgado Séptimo Penal «A» a cargo de Fredy Orellana giró una orden de captura en su contra por el caso por la supuesta falsificación de firmas falsas para la constitución del partido político Movimiento Semilla.
“Cuantas personas honestas más tienen que ser perseguidas, encarceladas, forzadas al exilio para que nos demos cuenta de que ya es suficiente, la respuesta es clara o gana el MP o gana Guatemala”, señaló en dicha oportunidad.
De esta cuenta, el Juez Orellana decidió ligar a proceso a Hernández por el delito de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos, sin embargo, decidió negarle la prisión domiciliaria, por lo cual la defensa del Instituto de la Víctima apeló en diferentes instancias incluyendo la Corte de Constitucionalidad (CC).
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El caso por el que fue vinculada Hernández fue presentado por el jefe de la FECI una hora previo a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara la segunda vuelta electoral Presidencial, el cual sería disputada por Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla.
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