Guatemala sube cuatro escaños en el Índice Global de Estado de derecho

El informe del Índice Global de Estado de derecho 2024 fue publicado este 23 de octubre por World Justice Project (WJP) y Guatemala escaló cuatro posiciones en la medición, que analiza diversas variables.

En la evaluación de la edición 2024, Guatemala se movió al puesto 107 de 142 países, luego de haber alcanzado la posición 111 en el 2023. El punteo que alcanzó el país fue de 0.44, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de derecho.

El país con el mejor punteo fue Dinamarca con 0.90 y se logra colocar a la cabeza de la lista, seguida por Noruega y Finlandia.

ASPECTOS ANALIZADOS

Uno de los factores que se mide en el Índice de Estado de derecho son las «limitaciones a los poderes gubernamentales para Guatemala» y analiza hasta qué punto quienes gobiernan están sujetos a la ley. En esta categoría el país punteó 0.49

Esto comprende los medios, tanto constitucionales como institucionales, por los cuales los poderes del gobierno y sus funcionarios y agentes se limitan y se hacen responsables ante la ley.

También incluye controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno, como una prensa libre e independiente.

El segundo factor analizado es la «ausencia de corrupción» en el gobierno y logró una puntuación de 0.34. Otros análisis también han dado un punteo bajo a Guatemala en combate a corrupción.

Se consideran tres formas de corrupción, el soborno, la influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos.

Estas tres formas de corrupción se examinan respecto de los funcionarios gubernamentales en el poder ejecutivo, el poder judicial, el ejército, la policía y el poder legislativo.

Otra de las variables analizadas fueron los «derechos fundamentales«. El WJP dice que se centra en un menú relativamente modesto de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y están más estrechamente relacionados con las preocupaciones sobre el Estado de derecho.

La puntuación que recibió el país fue de 0.53.

El quinto factor analizado mide qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad. En este aspecto logró una puntuación de 0.60

«La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad de derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición previa para la realización de los derechos y libertades que el Estado de derecho busca promover», puntualiza WJP.

Otro de los elementos bajo análisis es «cumplimiento  regulatorio«, y mide el grado en que las regulaciones se implementan y hacen cumplir de manera justa y efectiva. Guatemala logró un punteo de 0.42

«Las regulaciones, tanto legales como administrativas, estructuran los comportamientos dentro y fuera del gobierno. Este factor no evalúa qué actividades decide regular un gobierno, ni considera cuánta regulación es apropiada para una actividad en particular. Más bien, examina cómo se implementan y hacen cumplir las regulaciones», aclara el WJP.

El séptimo aspecto evaluado es la «justicia civil» y mide si la gente común y corriente puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil.

También analiza si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, así como si están libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de funcionarios públicos.

Asimismo, examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras indebidas y si las decisiones se implementan de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de disputas. En justicia civil Guatemala punteo 0.34.

El último factor analizado fue el de «justicia criminal«, en el cual Guatemala apenas alcanzó un punteo de 0.30.

Este factor del índice Estado de derecho evalúa el sistema de justicia penal de un país.

«Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del Estado de derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y entablar acciones contra personas por delitos contra la sociedad. Una evaluación de la impartición de justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios penitenciarios», puntualizó WJP.