La clave del éxito de las mafias para mantener el control absoluto del sistema de justicia está en operar efectivamente para evitar que aquellos magistrados que se les colaron, tanto en la CSJ como en las Salas de Apelaciones, puedan tener el menor peso en la toma de decisiones. Desde antes de tomar posesión se supo de la reunión entre varios de los magistrados electos con diputados de la bancada Vamos, al servicio de Giammattei y Martínez, quienes se están jugando ahora el todo por el todo.
Luego se supo que Allan Rodríguez llegó descaradamente al estacionamiento de la Corte Suprema con los listados de cómo quería que se armaran las Salas y de qué Magistrados de la Corte Suprema tendrían que ir a las diferentes cámaras, poniendo especial énfasis en la penal y en el control de los Amparos.
que no se logran poner de acuerdo y otros no entraron con asquerosos compromisos, no se han prestado a las jugadas que observan.
El Ministerio Público no se ha quedado al margen en este momento crucial para ellos y para todos los que han gozado de su enorme protección. El día de la toma de posesión se produjo la captura de un magistrado que había fungido como Registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Ramiro Muñoz Jordán, detenido y engrilletado pese a contar con el derecho de antejuicio dada su investidura, extremo que ahora genera un enorme debate jurídico. Y también han operado en contra de la magistrada de la Corte Suprema, Flor de María Gálvez, dejando ver la enorme molestia que les causó que ella fuera electa para integrar ese alto tribunal.
Obviamente atrás de las maniobras que realizan Allan Rodríguez y los subalternos de Consuelo Porras está la mano peluda de quienes perfeccionaron el sistema de cooptación de la justicia para poder realizar todos sus negocios sin el menor peligro de ser investigados, no digamos procesados. Estamos hablando de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez quienes siguen disponiendo de enorme poder, tanto como para ser ahora quienes mueven las pitas para asegurar que las Cortes que podrían llegar a tener en algún momento que investigar casos en su contra, queden debidamente amarradas con sus propios magistrados.
Todo ello ocurre sin que el Ejecutivo convoque a los sectores a una mesa para atender estos temas de coyuntura que tienen impactos en el largo y mediano plazo del país, no obstante que el mismo Arévalo acaba de señalar ante los empresarios la vital necesidad de rescatar el sistema de justicia como clave para el futuro del país.
