El exjefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro José Muñoz Jordán, fue aprehendido este domingo 13 de octubre, antes de tomar posesión como magistrado titular de una Sala de Apelaciones, confirmó el Ministerio Público (MP).
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 14, 2024
Fue la fiscalía de delitos electorales del MP, que dirige María Consuelo Porras, quien solicitó la orden de aprehensión contra el ahora magistrado electo.
Muñoz gozaba de inmunidad, pero la perdió en mayo pasado luego de que el TSE lo destituyó.
JUEZ BREMER ORDENÓ CAPTURA
De acuerdo con información del MP remitida a La Hora, el viernes 11 de octubre la fiscalía de delitos electorales solicitó una orden de aprehensión en su contra ante el juez Décimo Penal B, Jimi Bremer.
De esa cuenta, este domingo 13 de octubre los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cumplieron la orden de captura por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
El caso en contra de Muñoz Jordán tiene relación con inscripción de manera irregular del partido Prosperidad Ciudadana en las Elecciones Generales 2023.
El juez Bremer, que giró la orden de arresto, está sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos bajo señalamientos de ser un personaje corrupto y antidemocrático.
El juzgador se postuló para ser magistrado de Sala de Apelaciones, al igual que Muñoz, pero no fue electo.
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FUNDAMENTO DEL MP
Las acciones planteadas contra Muñoz tiene origen en una acción amparo presentada por el partido CAMBIO, en la que pidió ante la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejar en suspenso las actuaciones de la Asamblea del partido Prosperidad Ciudadana.
De acuerdo a lo resuelto por la Sala, la agrupación política no presentó informes económicos, los listados de firmas de los delegados presentes y se incumplió con la representación de minorías durante la referida Asamblea.
Asimismo, el MP se fundamenta en dar persecución penal al ahora magistrado electo por la resolución de la Corte de Constitucionalidad con fecha 26 de mayo de 2023 en la que se consigna que la serie de señalamientos que obran en el expediente formado por la acción constitucional ameritan una investigación en el ámbito penal.
“Este Tribunal estima que la serie de señalamientos que obran en el expediente formado por la acción constitucional que se conoce, ameritan una investigación que corresponde a las autoridades del ámbito penal, razón por la cual, es pertinente certificar lo conducente al Ministerio Público, a efecto de que lleve a cabo las acciones que de conformidad con la ley le corresponden…”.
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