La empresa Media Airport System, que firmó un contrato para el uso exclusivo de varias áreas del Aeropuerto Internacional la Aurora (AILA) por 10 años, dijo estar de acuerdo en devolver estos espacios si se hace un arreglo legal y que involucre a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
“Yo estoy dispuesto a sentarme hoy y organizar todo, y si tenemos que entregar las áreas, las entregamos, pero como Dios manda, que nos den nuestro finiquito y todas esas cosas”, expresó Douglas Ovalle, representante legal de la compañía en una entrevista con La Hora, el pasado 30 de septiembre.
El empresario aseguró que han buscado acercamientos con las actuales autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pero no han obtenido respuesta y en vez del diálogo, asegura, les han impedido “de forma ilegal” el ingreso a las instalaciones del AILA.
Representante legal de Media Airport dice que no sabe quiénes son los accionistas de la sociedad
“Espero que esto nos lleve a que estas autoridades se quieran sentar a dialogar”, precisó Ovalle, en referencia al escándalo mediático que ha supuesto la denuncia de la DGAC, acerca de que Media Airport se niega a pagar la renta de los espacios que ocupa en el AILA, a pesar de que sigue lucrando con ellos por la venta de publicidad.
¿Por qué no nos sentamos a hablar, por qué actúan de manera ilegal, vedándonos la entrada al Aeropuerto sin tener ninguna orden o dirección, sino solo porque a la jefa de Jurídico se le roncó la gana hacerlo?”, cuestionó el representante legal de la firma.
RECONOCEN DEUDA
El abogado de Media Airport, Vinicio Calderón, reconoció que mantienen una deuda con la DGAC, pero dijo que esta solo asciende a Q3 millones y no a Q36.8 como lo aseguraron las actuales autoridades en una conferencia de prensa el pasado 19 de septiembre.
Agregó que, cuando inició la remodelación del aeropuerto, entre el 2006 y 2008 se debió hacer un acta administrativa formal en que se entregaba cada área que debían usar ellos para la publicidad, no obstante, ese trámite jamás se hizo.
“Nos dieron un área, pero no estaba terminada, entonces dijeron empiecen y después les vamos a dar esa, después se las devuelvo, pero ahí no era parte del negocio”, enfatizó.
Sin embargo, de acuerdo con Calderón, Media Airport pagó la totalidad del contrato de los años 2014 y 2015. Pero, en 2016, solicitaron una modificación del contrato con el objetivo de no pagar por las áreas que no utilizaban.
Fue ahí cuando comenzó el atraso en los pagos. Entre 2016 y 2018, empezaron a presentar una serie de oficios donde pedían que les aceptaran los pagos de las áreas que ocupaban, pero Aeronáutica no los aceptaba, expresaron.
Desde 2019, la empresa ya no hizo nuevos intentos porque la DGAC les aceptara los pagos, expuso el abogado.
✈️ Media Airport System: Estamos dispuestos a devolver los espacios del Aeropuerto
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 2, 2024
“Acudimos a un pago por consignación, que se tramitó y lo declararon sin lugar, el 6 de marzo de 2018, consignamos Q384 mil 132, que no incluía la renta variable”, explicó el abogado.
Ovalle reitera: “hemos querido pagar y no nos reciben ningún tipo de pago. Dicen que hay que pagar el 10% y nosotros el 5%, hemos pedido que regularicemos —el contrato—, pero no ha habido acuerdos”.
Según los representantes de la empresa, se han enviado notas para hacer una mesa técnica que incluya a la PGN, pero tampoco han tenido respuesta, por el contrario, expresaron que en años pasados y por medio de terceros se han acercado a ellos a pedirles “plata”, la cual se han negado a dar, dijo.
“La corrupción está igual, quieren que nos juntemos para arreglarnos de otra manera, en esta administración también nos han pedido”, asegura Ovalle; no obstante, añade que no han tenido “comunicación ni aproximación con la actual administración” de la DGAC.
En ambos casos dijo que no presentó denuncias.
Publicidad en AILA: esto dice Douglas Ovalle por Alejandro Sinibaldi en Media Airport System
EL AUDIO COMPLETO:
Escuche aquí el audio completo de la entrevista.
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LITIGIO LEGAL
Cuando la empresa ya no pagó, la DGAC dirigida por Francis Argueta, decidió dar por terminado el contrato y se inició un litigio en un juzgado de lo contencioso-administrativo que ganó Aeronáutica, incluso en apelación.
Pero la compañía había iniciado un juicio sumario en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil de la capital y logró que el juez le otorgara medidas precautorias con las cuales continuó explotando las áreas del AILA (de estas medidas recién se retractó el juez el pasado 20 de septiembre).
Aunque las actuales autoridades de la DGAC aseguran que por parte de sus antecesores no hubo ninguna defensa ante la resolución emitida por el juez, Calderón afirma que sí lo hicieron, aunque fuera del plazo de tres días establecido en la ley, por lo cual la empresa pidió la “rebeldía” de la entidad demandada (la DGAC) a lo que el juez accedió.
Calderón mostró documentos en lo que consta que incluso hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció las apelaciones por el caso iniciado en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil.
“La CC le dice a Aeronáutica ‘señores la revocatoria cabe, pero la demanda cumple con los requisitos y no hay por qué rechazarla’”, manifestó Calderón.
Por esta razón, los representantes de la empresa sostienen que la revocatoria a las medidas decretadas el pasado 20 de septiembre es ilegal y afirman que actuarán legalmente en contra de eso “porque hay jurisprudencia de la CC de que un juez no puede enmendar un proceso y rechazar una demanda”.
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