Fernando Castro

Analista Migratorio guatemalteco. Vice Cónsul de Guatemala y Encargado del Despacho, en el Consulado ubicado en Comitán de Domínguez, Chiapas, México, desde 2018 al 2021. Director de Comunicación Social, Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA.

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Ante las medidas anunciadas por parte del gobierno panameño de Raúl Mulino, para frenar la migración irregular por la selva del Tapón del Darién, preocupa seriamente las lamentables condiciones que deben enfrentar los migrantes, que intentan alcanzar la frontera sur de Estados Unidos, las cuales se plasman en el último informe de la organización Human Rights Watch, en la que se señalan evidentes fallas muy graves en la gestión de la migración irregular en la región por parte del gobierno panameño.

Dentro de las medidas realizadas por parte del gobierno de Mulino, se encuentran el intento de cierre de la frontera entre Panamá y Colombia, así como el establecimiento de pasos específicos por parte del gobierno para controlar el altísimo flujo migratorio existente, que agrava la crisis humanitaria migratoria no reconocida por los gobiernos, enfatizando que continúan serias y graves dificultades para atender a menores, mujeres y hombres inmigrantes, procedentes tanto de América Latina, Caribe y Extra Continentales, que cruzan la frontera entre ambos países, así como a la difícil problemática existente de falta de seguridad y asistencia humanitaria, que se suma a la falta de recursos para atender a los miles de inmigrantes en situación irregular, que llegan a Panamá.

Se tiene conocimiento de una disminución del flujo migratorio en el presente año, pero debe destacarse que podría deberse a un subregistro y al paso por puntos ciegos no reconocidos por las autoridades migratorias panameñas, así como de nuevas rutas marítimas que se originan desde Colombia hacia la Isla de San Andrés a Nicaragua por parte del coyotaje, arriesgando la vida en embarcaciones sobrecargadas, que han dado como resultado se hayan hundido y tener lamentablemente pérdida de vidas incluyendo menores migrantes.

Actualmente hay migraciones masivas de menores, mujeres y hombres arribando por puntos ciegos, en las que los inmigrantes se arriesgan aún más a perder la vida en su intento de atravesar el Darién, ante la falta de empleo y desarrollo en sus países de origen.

Los inmigrantes se arriesgan mayormente al tomar caminos diferentes a los establecidos, para evitar los controles por parte de autoridades migratorias panameñas, por lo que también, se incrementa el costo de traslado por parte de personas que se dedican al tráfico de personas, así como se arriesgan aún mayormente a los peligros de la selva, así como el contraer enfermedades como fiebre amarilla, disentería, paludismo, dengue, niveles de deshidratación graves o gravísimos, siendo escasos los servicios médicos existentes, que brindan entidades pro inmigrantes en los refugios.

La falta de recursos económicos para la atención a los inmigrantes, se agrava diariamente, violando el derecho humanitario a la salud, ya que no se atiende en los puestos de salud existentes, pues colapsaría y dejarían de atender a los pobladores del área.

Dentro de la seria problemática prevaleciente en la frontera entre Panamá y Colombia, se incrementa la desesperación por parte de inmigrantes, ante la demora de salida del servicio de transporte hasta la población de Chiriquí, el escaso número de albergues y el corto tiempo que brindan para la atención; es notorio que el gobierno panameño, no tiene la capacidad para atender a tantas personas inmigrantes, por lo que se esfuerzan para contener y retornarlos en vuelos pagados por el gobierno de Estados Unidos, en base al acuerdo suscrito al tomar posesión Mulino, como medida disuasiva, pero no es una reducción efectiva.

El altísimo flujo migratorio existente, el cual se establece que más de 250,000 personas han atravesado el Tapón del Darién en el presente año cifra menor a los 550,000 del 2023 y que atravesaran y atravesaron Guatemala, sufriendo serias violaciones a sus derechos humanos, como extorsiones, violaciones, discriminación, falta de atención médica, alimentaria y humanitaria, así como la carencia de asistencia legal para presentar denuncias por violaciones ante el Ministerio Público, por parte de instituciones vinculadas a la temática migratoria y de derechos humanos, estas últimas han dejado su accionar de protección, lamentablemente.

Se debe resaltar que los campamentos que mantenía la población indígena en la provincia panameña, eran quienes apoyaban a aminorar este tipo de situaciones de falta de atención, sin embargo, la comarca Emberá-Wounaan ha detenido cualquier tipo de ayuda, posterior al cierre del albergue, quedando desamparados los inmigrantes.

Human Rights Watch, en el reciente informe señala que los vuelos de expulsión de inmigrantes desde Panamá, implementados por acuerdo con Estados Unidos, se dan al tiempo que el gobierno panameño evidencia un sistema de refugio inadecuado y carente de recursos suficientes para brindar una atención segura a quienes llegan a dicho país atravesando el Tapón del Darién.

Mientras los gobiernos no traten en forma integral la seria crisis humanitaria migratoria existente, con el apoyo de los Estados Unidos y México, países seriamente afectados por la migración irregular, adicionalmente con el apoyo de organismos internacionales como la OIM, UNICEF, ONU y se plantee soluciones a la falta de empleo y desarrollo, así como soluciones a los problemas políticos y económicos, como lo es en países como Cuba, Haití, Ecuador, Venezuela entre otros, el flujo migratorio no se detendrá.

Es por ello que debe darse seguimiento a la Declaración de Las Américas efectuada en Guatemala y conformar equipos de trabajo para la implementación de compromisos y propuestas de soluciones, para verificar el grado de cumplimiento de los compromisos de los gobiernos, no hacerlo es una irresponsabilidad.

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